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Domingo, 07 Diciembre 2014 20:13

Simposio Internacional 1915

El centro de estudios Latinoamericanos y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Externado de Colombia invitan al Simposio Internacional 1915 el año mas largo del Imperio Otomano - Primera Guerra Muldial.

 

Inscripciones y programación en: imperiootomano1915.blogspot.com
Información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
ENTRADA LIBRE - Dias 10, 11 12 de febrero de 2015
Auditorio D-200

 

 

Durante varios días una delegación de medios comunitarios y alternativos:  Bogotá Social Televisión, Notas de Acción, La Mecca, El aguijón del Escorpión, Periódico Proclama, el periódico Magazín Park Way y otros hemos impulsado

 

 

Activistas, abogados y abogadas, periodistas, líderes comunitarios y sindicalistas: todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que ponen su vida y su libertad en peligro luchando por los derechos humanos, siguen sufriendo intimidación, acoso y violencia en América Latina y el Caribe.

Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy y titulado Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso. Se presentó el Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos y ofreció una perspectiva general de la situación de quienes defienden derechos humanos en la región.

El informe se centra principalmente en más de 200 casos de ataques y abusos sobre los que Amnistía Internacional ha actuado durante los dos últimos años.

“La trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes como represalia por su trabajo. En diversos países hemos observado un incremento, inquietante y vergonzoso, del nivel de violencia y represión que padecen estas personas sólo por defender los derechos humanos y la justicia”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Resulta angustioso contemplar el tipo y la frecuencia de los cobardes intentos por silenciar e intimidar a quienes trabajan para arrojar luz sobre los abusos contra los derechos humanos. Y aun así, estas admirables personas siguen luchando, incluso ante semejante represión. Es imperativo que los dirigentes de América redoblen sus esfuerzos y hagan más para proteger a quienes defienden los derechos humanos.”

El informe se basa en casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La investigación documentó niveles especialmente altos de violencia y represión contra quienes trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y los recursos naturales, contra quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y niñas, sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI), y sobre los derechos de las personas migrantes, así como contra periodistas y sindicalistas que defienden los derechos humanos.

Muerte y violencia

En algunos países ha habido un aumento meteórico de las amenazas y los ataques contra defensores y defensoras. Mientras tanto, las autoridades estatales de toda la región eluden su deber de abordar el creciente problema.

Colombia es uno de los países en donde la situación es más grave. Allí, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 40 defensores y defensoras fueron víctimas de homicidio en los nueve primeros meses de 2014. Entre septiembre y octubre de este año, más de un centenar de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron una serie de amenazas de muerte por correo electrónico enviadas por grupos paramilitares.

“Con frecuencia, los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos podrían haberse evitado si las autoridades estatales hubieran atendido debidamente las denuncias y hubieran investigado las amenazas y los actos de intimidación de los que estas personas fueron víctimas. Los dirigentes estatales de la región deben hacer más para abordar estos problemas y para brindar una protección efectiva a los defensores y defensoras en peligro”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre la Situación de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en América de Amnistía Internacional.

Derecho a la tierra y cuestiones de territorio

La investigación de Amnistía Internacional concluyó que quienes trabajan sobre los derechos humanos en relación con la tierra, el territorio y los recursos naturales en la región, pagan un alto precio por su trabajo.

En un caso emblemático de Honduras, el 27 de agosto de 2014 Margarita Murillo fue muerta a tiros. Anteriormente había denunciado amenazas e intimidación. Era defensora y líder comunitaria, y llevaba más de 40 años luchando por los derechos de las comunidades campesinas, para que pudieran mejorar sus condiciones de vida.

Violencia de género y discriminación

Quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y las niñas y sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexo (LGBTI) también corren especial peligro.

Amnistía Internacional realizó decenas de entrevistas a mujeres defensoras, quienes no sólo sufren represión por su labor de defensa de los derechos humanos, sino que además luchan contra la desigualdad y la discriminación y son objeto de amenazas y ataques a causa de su género.

En El Salvador, las defensoras de los derechos humanos que luchan contra la prohibición total del aborto y sus mortales consecuencias han sufrido una intimidación y una estigmatización constantes. Algunas han sido amenazadas con ser llevadas a juicio si siguen con su trabajo en apoyo a mujeres vulnerables que han sido injustamente encarceladas por haber sufrido abortos.

Los Estados aún no han adoptado ni implementado medidas de protección específicas y efectivas para que las defensoras de los derechos humanos puedan hacer frente a los riesgos específicos que corren.

De igual modo, quienes defienden los derechos del colectivo LGBTI sufren numerosos ataques a causa de su labor. Este ha sido un problema especialmente grave en el Caribe.

En agosto de 2014, tras haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia, Javed Jaghai, miembro de la organización J-FLAG (Forum of Lesbians, All-Sexuals and Gays), retiró un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre hombres.

Castigo por defender los derechos humanos

Amnistía Internacional también ha observado cómo se utilizan los sistemas judiciales para reprimir a quienes defienden los derechos humanos e impedir su trabajo.

Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en México. Desde 2011, se enfrenta a cargos penales infundados de privación ilegal de la libertad y delitos contra “el consumo y riqueza nacional”. Su único “delito” ha sido proteger los derechos de los pueblos indígenas en relación con la construcción de un parque eólico en sus tierras.

“Por desgracia, en América Latina y el Caribe cada vez es más habitual que los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrenten a acusaciones infundadas y detenciones injustas. Resulta sumamente preocupante que las autoridades no erradiquen el uso indebido del sistema de justicia como medio de represión”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado.

Pasos adelante

El informe destaca que los logros alcanzados en el derecho regional e internacional aún no han sido implementados por los gobiernos del continente.

“Aunque las normas internacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos han avanzado, aún queda mucho camino por recorrer para que quienes están en la primera línea del trabajo de derechos humanos gocen del respeto y la protección que tan claramente necesitan”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

“Instamos a los gobiernos de toda la región a hacer frente al desafío y cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, para que así estas personas, fuente de inspiración, puedan continuar con su lucha en favor de los derechos”.

Edición N° 00429 – Semana del 12 al 18 de Diciembre – 2014
    

 

 

El abaratamiento del petróleo no es la cura contra todos los males económicos, especialmente si la caída de los precios se produce de forma demasiado drástica.

Domingo, 21 Diciembre 2014 14:04

Social: Feliz Navidad de Clara López


La Presidenta  del  Polo Democrático Alternativo  le envía un saludo cordial  y deseándoles una feliz navidad y próspero año  en paz.

 

 

La paz es el estado de bienestar deseado por la humanidad, a partir de la devastación de las guerras. La paz en Colombia es un anhelo constante compartido por todos aquellos sectores sociales que han vivido los impactos de la violencia ocasionada por más de cincuenta años de confrontaciones, por motivos diversos, en épocas distintas, pero con similares resultados en pérdidas de vidas, despojo de bienes, dolor y miedo, marginación de poblaciones, control de territorios, captura del poder político, profundización de las desigualdades en la distribución de bienes y servicios.

La administración del alcalde Alexander Prieto García sigue comprometida con el medio ambiente, con la adquisición de maquinaria eficiente que este a la vanguardia en eficiencia energética.

 

El Comité Editorial de la Revista Criminalidad informa a todos los miembros de la comunidad académica que está abierta la convocatoria para la recepción de los artículos que harán parte del Vol. 57 No. 2, que circulará en agosto del año 2015.

La advertencia fiscal de la Contraloría de Bogotá no es procedente, se basa en cifras equivocadas o presentadas sin rigor estadístico, prejuzga, viola el debido proceso, carece de fundamentación y pretende paralizar la Secretaría de Integración Social en el cumplimiento de las metas sociales del Plan de Desarrollo.

La Contraloría afirma en la advertencia fiscal que la Secretaría de Integración Social “se ha limitado a la suscripción de un alto número de Contratos de Prestación de Servicios (…) no obstante que la población atendida tuvo un aumento del 20%”. No es cierto. En 2010 la población atendida era de 63.4600 personas, en 2014 las personas atendidas ascienden a 954000, 320 mil personas más que representan un incremento real del 50.3% La medición no puede incluir 22.249 familias damnificadas en 2011 por las inundaciones porque recibieron por una sola vez un auxilio de emergencia que no generó recurrencia. La característica principal de la Secretaría hasta 2011 era tercerizar los servicios, Bogotá Humana, en cumplimiento del precepto de fortalecer lo público y mejorar la calidad de la atención asumió la operación directa de la mayor parte de los servicios, vinculando el recurso humano calificado necesario para cubrir esta ampliación de cobertura.

La mayoría de la contratación corresponde a maestras, psicólogas, auxiliares pedagógicas y nutricionistas dedicadas a la atención de la primera infancia. Es decir, para incluir niños y niñas entre tres meses y 3 años en ámbito institucional y familiar. La SDIS pasó de atender 60.290 niños(as) en 2011 a 156.171 en 2014, un incremento real de cobertura del 150% que ubica a Bogotá en el liderazgo de la atención de la primera infancia en el país. La ampliación de cobertura también incluye el Proyecto 721 para atención a población con discapacidad y la creación de la subdirección encargada de la inclusión de la población LGBTI en mayor vulnerabilidad.

En 2011 el rubro de contratación de recurso humano a través de prestación de servicios era de 81.364 millones de pesos, el 13% del total del presupuesto de la entidad (586.088 millones de pesos). En 2014 el rubro destinado a contratación por prestación de servicios ascendió a 200.363 millones de pesos, el 23% del total del presupuesto (849.549 millones). El crecimiento real es del 10% y no del 180% y la población atendida creció en un 50.3% y no en un 20%.

La Contraloría emite un juicio de valor “Los objetos contractuales además de ser ambiguos genéricos e inespecíficos finalmente no atienden la ejecución de los referidos proyectos de inversión”. No es cierto. Las maestras y demás profesionales y técnicos han suscrito con la SDIS contratos de prestación de servicios con objetos claros, específicos y concretos teniendo en cuenta el concepto del Consejo de Estado según el cual “se trata de contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se fortalece la gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, dando el acompañamiento necesario y requerido para el cumplimiento de sus propósitos y finalidades cuando por si solas, y a través de sus mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer”.

La SDIS implementa desde 2014 el Registro Único de Proponentes, una herramienta tecnológica que cuenta con 17579 personas inscritas y que ha permitido 598 procesos de selección y la contratación de 593 personas. Es un proceso de selección aleatoria y objetiva que impide cualquier tipo de favorecimiento o subjetividad y asegura como único factor para vincular contratistas sus competencias y calidades. Por medio de este procedimiento la SDIS está en proceso de contratación de 1000 profesionales para cumplir la meta del plan de desarrollo de incluir 202 mil niños y niñas en nuestro programa de educación inicial de primera infancia “ser feliz, creciendo feliz”. No nos vamos a detener porque la decisión es cumplirle a Bogotá Humana.

Secretaría Distrital de Integración Social

Oficina Asesora de Comunicaciones Reina Lucía Valencia Valencia,

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Celular: 3134338408.

Yohannes Riascos, Cel, 318-3933076

Secretaría Distrital de Integración Social http://www.integracionsocial.gov.co

Cra 7 No. 32 - 12 Bogotá, Colombia PBX (571) 327 9797

Miércoles, 28 Enero 2015 16:12

La CGT condena matoneo sindical de la USO

El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación General del Trabajo, CGT, denuncia ante las autoridades y la opinión pública las graves agresiones físicas, amenazas y persecución que viene cometiendo la Unión Sindical Obrera, USO, sindicato mayoritario de los trabajadores de Ecopetrol, apoyados por las ONG internacionales Brigada Internacional de Paz y Paso Colombia, contra los dirigentes y afiliados de la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional, UTEN, que agrupa a más de 19 mil trabajadores de la industria del petróleo y del sector energético.

Los hechos más recientes se registraron simultáneamente los días 21 y 22 de enero del presente año en los campos petroleros de Pacific Rubiales Energy en los Llanos Orientales y de la Sociedad Portuaria de Puerto Bahía, donde el presidente y miembros de la directiva de la USO acompañados de sus escoltas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección y de cerca de 100 personas más, muchas de ellas encapuchadas, ingresaron a los campamentos y comedores de Pacific Rubiales donde agredieron a varios trabajadores y causaron daños materiales en una clara actitud de violencia y matoneo.
Estas agresiones se han venido repitiendo consuetudinariamente, también, contra los afiliados a la UTEN y la UTIP en Antioquia, Urabá, Valle del Cauca, Cauca y Bolívar, donde la CGT y sus organizaciones vienen realizando una intensa labor en defensa de los derechos de cerca de 15 mil trabajadores, contratistas y subcontratistas al servicio de Pacific Rubiales y Puerto Bahía.
El Comité Ejecutivo Nacional de la CGT expresa su más enérgico rechazo a estas prácticas inaceptables de la USO las cuales ya han sido puestas en conocimiento del ministerio de Trabajo y de la Fiscalía y condena la presión a que están siendo sometidos los trabajadores afiliados a la UTEN para que se afilien a la USO y hace un llamado para que las diferencias conceptuales en torno del quehacer sindical sean dirimidas por medio del diálogo y no por las vías que trasgreden el Código Penal y los principios rectores de la ética sindical.


Considera la CGT que la Central Unitaria de Trabajadores, CUT debe emitir un pronunciamiento de condena por estas prácticas a todas luces ilegales e ilegítimas de la USO en aras de construir un sindicalismo que trabaje cohesionadamente por la defensa de los derechos de los trabajadores no solo de la industria petrolera, minera y energética, sino de todos los colombianos.


Considera la CGT que las conductas y prácticas antisindicales de ciertos dirigentes de la USO son la más fehaciente demostración que se le acabaron los argumentos y por ello recurren a la violencia para tratar de imponer sus equivocadas políticas.


Tanto la UTEN como la CGT poseemos las pruebas que sustentan estas denuncias.


COMITÉ EJECUTIVO
Julio Roberto Gómez Esguerra Miryam Luz Triana Alvis
Presidente Secretaria General
Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 26 de enero de 2015

Trabajamos por la Justicia Social, para que la Paz sea Posible.

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