Luego de una rigurosa investigación que condujo a la realización de la Operación ‘Europe Express’, la Fiscalía General de la Nación desmanteló un grupo de delincuencia organizado (GDO) dedicado a ofrecer y suministrar, desde Barranquilla, ‘servicios’ para la obtención de documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela.
La operación judicial, liderada por un fiscal de casos priorizados de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, logró la materialización y legalización de la captura de 31 personas. Asimismo, contó con el decisivo apoyo y trabajo articulado de la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.
Las personas capturas en Bogotá y distintas ciudades y municipios de los departamentos del Atlántico, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre presuntamente contribuían de manera coordinada en las actividades de la organización ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de
ciudadanía y pasaportes fraudulentos. Con base en la información obtenida, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente, a migrantes dominicanos y venezolanos. De igual manera se constató la expedición irregular de 304 pasaportes.
Según la investigación, la red cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares americanos por suministrar documentos falsos a migrantes, quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México o Guatemala para cruzar, por vía terrestre, a Estados Unidos.
Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse allí o buscar por esa ruta ingresar a Norteamérica.
El grupo delincuencial estaría activo desde 2021, y tendría dos cabecillas: un ciudadano dominicano y una colombiana, quien tenía a su disposición un número considerable de captadores, colaboradores, tramitadores y algunos familiares.
Al menos, 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados. A su vez, 3 empleados y 6 exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas, mientras 3 empleados y 5 extrabajadores de la Cancillería se encargarían de “formalizar” en pasaportes las falsas identidades. Con esa documentación fraudulenta, que les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por distintos países.
Ante jueces de control de garantías y de acuerdo con la individualización de los presuntos roles que ocuparon en la organización delincuencial (cabecillas, captadores/tramitadores, colaboradores servidores públicos), la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por conductas relacionadas con delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Además, solicitará contra las 31 personas capturadas medida de aseguramiento privativa de la libertad.
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