Blindados en Cali, seguridad sí, represión ¡No!. Vox Populi: José Renán Trujillo.
El reciente despliegue de vehículos blindados de élite en Cali, ordenado por el Gobierno tras los ataques que han estremecido a la ciudad, es un reflejo de la complejidad del momento que atraviesa la capital Vallecaucana.
No se trata de un simple movimiento logístico, sino de una señal clara que la Nación percibe la situación como un asunto de seguridad prioritario. Cali ha sido en los últimos años epicentro de convulsiones sociales, violencia urbana y criminalidad organizada, y la presencia de estas unidades de élite busca mostrar que el Estado no cederá su autoridad frente a quienes pretenden sembrar el terror.
La medida, en principio, es entendible, garantizar la seguridad contra el terrorismo urbano es un deber indeclinable. El Estado no puede permanecer pasivo ante los ataques que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y la estabilidad institucional. Que Cali cuente con mayores refuerzos militares y tecnológicos puede ser una garantía de protección frente a los grupos armados ilegales y estructuras criminales que buscan imponer su ley al margen de la institucionalidad.
Pero al mismo tiempo, este despliegue abre interrogantes legítimos. Se debe garantizar la seguridad en Cali contra el terrorismo, eso está muy bien, pero también es indispensable advertir que esos blindados no deben ser proyectados a usarse en protestas sociales.
La historia reciente del país deja lecciones dolorosas sobre el uso de la fuerza estatal, cuando se confunden las amenazas armadas con la protesta social, el resultado suele ser represión, violencia y ruptura del tejido democrático.
El derecho a la protesta es un pilar de la democracia, y aunque pueda incomodar a las autoridades locales, es precisamente esa incomodidad la que hace valiosa la libertad de expresión. Lo grave sería que los vehículos, dispuestos para enfrentar al terrorismo, se conviertan en una herramienta de intimidación o control frente a ciudadanos que ejercen pacíficamente sus derechos.
En este contexto, el Gobierno y la administración municipal tienen la responsabilidad de trazar una línea clara e inquebrantable, proteger a la población de los violentos, sin criminalizar la protesta ni equiparar la voz crítica con un acto de subversión. El uso de la fuerza debe ser proporcionado, transparente y estrictamente ajustado al marco legal.
La seguridad y la democracia no son conceptos opuestos. Por el contrario, se refuerzan mutuamente cuando la primera se entiende como garantía de derechos y no como excusa para restringir libertades. Cali necesita blindarse frente al terrorismo, sí, pero nunca frente a su propia gente.
En este punto, el mensaje es tan simple como contundente, la seguridad sin respeto a los ciudadanos no es verdadera seguridad, sino una nueva forma de vulnerabilidad.
