JEP Colombia y su calificación de genocidio en caso #UnionPatriotica
COMUNICADO 201 – La JEP califica el ataque contra la Unión Patriótica (UP) como Genocidio e imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército
▪️ Entre los imputados en calidad de coautores se encuentran los generales retirados Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División, y Rito Alejo del Río Rojas, excomandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
▪️ La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica. Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano. En consecuencia, decidió renombrar el Caso 06 como ‘Genocidio contra el partido político Unión Patriótica’.
▪️ La sala también calificó los hechos como crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos.
▪️ La JEP determinó que este genocidio dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual.
▪️ El ataque genocida le apuntó a todos los niveles de la organización política, resultando en el asesinato de militantes de base, así como dirigentes nacionales y regionales, incluyendo 2 candidatos a la Presidencia de la República, 6 parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales. Muchas de las víctimas eran además líderes sociales.
▪️ La investigación de la JEP confirmó judicialmente lo que ya habían advertido la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica: la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP» fue el primer mecanismo del ataque genocida.
▪️ Los crímenes contra la UP se extendieron por todo el país, pero el 70 % se concentró donde la UP alcanzó su mayor éxito electoral: en Urabá, Meta, Magdalena Medio y, en menor medida, en el Nordeste antioqueño, Sumapaz (Cundinamarca), Sur de Tolima, Sarare (Arauca), y en Bogotá y Medellín.
▪️ El caso de Apartadó, en 1996, ilustra el patrón macrocriminal a nivel nacional: la destrucción del partido político UP por parte de miembros del Ejército Nacional en asociación con grupos paramilitares. El genocidio en Urabá fue resultado de una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de las extintas Farc-EP requería la destrucción del partido político de la UP. Apartadó, capital del Urabá antioqueño, concentró 1 de cada 4 víctimas fatales registradas a nivel nacional, en 1996.
Bogotá, 9 de diciembre de 2025. Por concebir e implementar una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de la guerrilla de las Farc-EP implicaba necesariamente la destrucción del partido político de la Unión Patriótica, la JEP imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores, al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad les imputó a los cinco comparecientes de la fuerza pública el crimen de genocidio (en aplicación del Artículo 101 del Código Penal colombiano), así como el crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de la población y otros actos inhumanos. Las conductas criminales determinadas por la sala se atribuyen a los máximos responsables en sus roles de comandantes o jefes de inteligencia de la Primera División, la Brigada XVII y el Batallón de Infantería No. 47 ‘Francisco de Paula Vélez’ (BIVEL), del Ejército Nacional.
Teniendo en cuenta la evidencia obtenida durante esta investigación, la sala tomó la determinación de renombrar el Caso 06 como ‘Genocidio contra el partido político Unión Patriótica’. De esta manera, se corresponde con el hallazgo del patrón macrocriminal de estigmatización amplia, sistemática y pública contra miembros del partido al catalogarlo como supuesto “brazo político de las Farc-EP».
El fenómeno macrocriminal nacional se ilustra con el caso emblemático del municipio de Apartadó, capital de la región de Urabá, con un pico en 1996. Este período y territorio representan uno de los epicentros del ataque que sufrieron los miembros de la UP en todo el país durante más de veinte años, entre 1984 y 2007.
Para determinar los hechos y la atribución de responsabilidad, la Sala de Reconocimiento de Verdad se basó en una extensa labor de contrastación de fuentes: se examinaron 34 informes, incluyendo cinco de entidades estatales (Fiscalía, Procuraduría, Centro Nacional de Memoria Histórica) y 29 informes de organizaciones de víctimas. La sala también realizó 139 diligencias de versión con 68 comparecientes, y 135 tomas de testimonios de víctimas y declarantes en calidad de testigos, además de escuchar a 105 víctimas sobrevivientes y familiares. También se realizaron inspecciones judiciales a archivos de inteligencia de la antigua Brigada XX y la Brigada XVII del Ejército Nacional, encontrando evidencia clave para comprobar el patrón macrocriminal.
La investigación de la JEP dio cuenta de que, mientras la UP era estigmatizada, también fue segregada, pues sus miembros quedaron totalmente abandonados e indefensos ante la negativa de garantizarles protección por parte del mando de la Brigada XVII, con el apoyo de la Primera División.
La investigación reveló que mandos militares ignoraron a propósito las denuncias públicas sobre la operación de los paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública para la destrucción del grupo político. La sala concluyó que esta política facilitó la consolidación de grupos paramilitares en la región de Urabá y generó las condiciones para que los principales perpetradores materiales actuaran libremente y con impunidad.
La sala también determinó que la estigmatización no fue una opinión marginal, sino un planteamiento ampliamente aceptado y difundido en las unidades de inteligencia del Ejército. Por ejemplo, el excomandante de la Primera División, Iván Ramírez Quintero, realizó aportes esenciales a este patrón desde su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINTE), al vincular directamente a la UP con las Farc-EP en documentos oficiales.
La estigmatización se mantuvo y se reforzó con el discurso público que acusaba a la UP de ser parte de una estrategia de combinación de todas las formas de lucha, que ignoraba el anuncio público hecho por los dirigentes del partido sobre su separación definitiva con las Farc-EP en 1987.
El mecanismo de segregación se manifestó de manera violenta en la región de Urabá, donde la Brigada XVII, bajo el mando del general (r) Rito Alejo del Río, enfocó la protección hacia el sindicato bananero (Sintrainagro) y el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Esta protección, que incluyó dispositivos de seguridad y sistemas de alarma en barrios de Apartadó como La Chinita, contrastó con el abandono total de los militantes y territorios afines a la UP.
Esta ausencia deliberada de protección ocurrió a pesar de la existencia de mapas que mostraban la distribución de las fincas bananeras bajo influencia de la UP y a pesar de los pedidos públicos de protección hechos por el Gobierno nacional.
La dimensión de la victimización
Con base en la contrastación de todas las fuentes disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad pudo determinar que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida, aunque territorialmente concentrada. Además, se ejerció a través de todas las formas posibles y contra todos los niveles de la organización política, es decir, contra la dirigencia nacional, los liderazgos regionales y las bases locales.
De hecho, la sala pudo determinar que la UP fue el movimiento político con el mayor número de víctimas fatales entre los militantes políticos asesinados en la historia del conflicto armado colombiano, con un 66,3 %.
Así, se estableció que, entre 1984 y 2016, por lo menos 8.929 personas fueron víctimas del ataque contra miembros de la UP, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de violencia no letal. Se estima que el número de víctimas de la UP que fueron desaparecidas forzadamente es de 1.115 personas.
El propósito de destruir a la UP recurrió a todos los medios de violencia disponibles. Además de los asesinatos y las desapariciones forzadas, también se registraron 1.959 víctimas de desplazamiento forzado y 32 víctimas exiliadas, 792 amenazas, 485 víctimas de intentos de homicidio, 247 detenciones arbitrarias o judicializaciones infundadas, 228 víctimas de tortura, 110 secuestros y 23 víctimas de violencia sexual.
La violencia contra la UP fue continuada en el tiempo. Entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido. La sala pudo diferenciar tres periodos críticos: 1984-1993, 1994-1999 y 2000-2007. Las coyunturas críticas de la victimización contra la militancia de la UP coinciden con las elecciones regionales de 1988, 1997 y 2003, incluyendo la tercera, cuando el partido ya no tenía personería jurídica, pese a lo cual sus victimarios persistieron en su objetivo de destruirlo.
La violencia contra militantes de la UP se registró en 427 municipios del país, pero el 59,1 % de las víctimas se concentró en tres regiones: Urabá, Ariari-Guayabero y Magdalena Medio.
La Sala de Reconocimiento subrayó que el ataque genocida no solo se tradujo en la pérdida de vidas, sino en un daño sistémico y profundo que incluyó el daño a la paz, el daño a la institucionalidad estatal y el daño moral.
Apartadó: caso ilustrativo
La Sala de Reconocimiento de Verdad examinó el ataque contra la UP a escala nacional, concluyendo que la violencia en la región de Urabá no fue un fenómeno aislado, sino la evidencia más crítica e ilustrativa del patrón macrocriminal de genocidio político.
Los ataques en Apartadó, donde se concentró una de cada cuatro víctimas fatales a nivel nacional en 1996, ilustraron la connivencia entre paramilitares y miembros de la fuerza pública.
El caso de Apartadó es emblemático y muy ilustrativo de cómo se construyó el estigma contra la UP. El éxito social y político de la izquierda en Urabá fue presentado como “la materialización de la amenaza comunista”, señalando a la región como un territorio insurgente que amenazaba la integridad de la nación. Urabá fue presentado en el discurso público como “la esquina roja de Suramérica”.
Sumado a esto, la ausencia deliberada de protección por parte de la fuerza pública contrastaba con algunos llamados aislados desde el Gobierno nacional que, aunque reconocían públicamente la necesidad de brindar garantías, no lograron traducirse en acciones efectivas que evitaran los crímenes contra miembros de la UP.
Uno de los ejemplos que encontró la sala en la investigación tuvo que ver con lo ocurrido el 26 de junio de 1996, cuatro días después del asesinato del concejal upecista Arcenio Córdoba, cuando el entonces ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, manifestó que había que buscar cómo proteger a los dirigentes políticos de la Unión Patriótica, para lo cual reiteraba su disponibilidad y la del Gobierno. Sin embargo, esa protección nunca llegó.
La investigación de la sala también da cuenta de cómo el exterminio de la UP produjo daños profundos al proyecto político, social y moral del país, más allá de la pérdida física de sus miembros. Los militantes de la UP vieron sus proyectos de vida truncados por la violencia. El genocidio causó el éxodo y el exilio forzado de familias enteras, muchas de las cuales permanecen fuera del país.
El patrón macroriminal y las modalidades que conllevaron al genocidio de la Unión Patriótica
A partir de la contrastación de todo el acervo probatorio sobre el ataque contra la UP en Urabá, especialmente en 1996, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció el siguiente patrón macrocriminal: destrucción del partido político UP por parte de miembros del Ejército Nacional en asociación con grupos paramilitares.
Mientras la UP era estigmatizada, también fue segregada, pues mandos militares ignoraron a propósito las denuncias públicas sobre la operación de paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública para destruir el grupo político.
Como parte del patrón macrocriminal de ataques contra la UP, la sala pudo determinar que, en 1996, en Apartadó, funcionaron cuatro mecanismos de acción conjunta entre grupos paramilitares y miembros de la Brigada XVII y el BIVEL. Estos fueron: 1) el desarrollo de operaciones conjuntas, 2) la coordinación operativa, 3) el suministro de información de inteligencia para identificar personas, y 4) la invisibilización de la pertenencia a grupos paramilitares de los perpetradores materiales de los crímenes, así como de la identidad política de las víctimas.
El patrón macrocriminal de destrucción de la UP se perpetró a partir de tres modalidades en las que se conjugaron: las características de las víctimas, los lugares de ocurrencia y los mecanismos de acción conjunta entre los grupos paramilitares y los miembros de la Brigada XVII y el BIVEL.
Primera modalidad: Asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de campesinos, obreros bananeros y sindicalistas mediante asaltos a fincas bananeras y campesinas para destruir a la base de la UP.
Esta modalidad tuvo como propósito destruir la base militante del movimiento político. Se trató de asaltos perpetrados mediante asesinatos selectivos recurrentes en fincas que habían sido señaladas en informes de inteligencia de la Brigada XVII y en corregimientos en los que era pública y notoria la influencia de la UP, como Churidó y San José de Apartadó.
Esta modalidad agrupa a 99 de las 284 víctimas que han sido identificadas por la sala en sus labores de contrastación, representando el 34,8 % del total de las víctimas. De estas, 56 fueron asesinadas, 40 fueron desplazadas forzadamente, una fue detenida arbitrariamente, otra fue desaparecida forzadamente y una más sufrió un intento de homicidio. Cuatro de las víctimas tuvieron victimizaciones múltiples, como desplazamiento forzado, amenaza, tortura y detención arbitraria. Entre las víctimas de esta modalidad, 65 fueron militantes políticos y 34 no militaban en el partido, pero tenían alguna afinidad o eran cercanas a militantes de la UP.
La victimización ocurrió de manera continua durante los doce meses de 1996, pero registró un escalamiento a partir de agosto. De hecho, entre agosto y diciembre se produjo el 69,7 % de las víctimas, es decir, 2 de cada 3 víctimas.
Entre las víctimas de los ataques en esta modalidad, se destaca que 79 de ellas eran hombres y 20 mujeres; 40 eran obreros bananeros, 2 administradores de fincas bananeras, 11 eran campesinos o trabajadores de fincas, uno albañil y de 45 no se pudo determinar su oficio. Adicionalmente, 30 eran sindicalistas y 2 eran líderes comunitarios que pertenecían a las Juntas de Acción Comunal. Cabe destacar que por lo menos 6 de las víctimas, además de miembros de la UP, eran militantes del Partico Comunista Colombiano (PCC).
Como hecho ilustrativo de esta modalidad está el caso de José Francisco Morelo, un obrero bananero y representante de la finca La Represa, en el corregimiento Churidó. En septiembre de 1996, mientras Morelo trabajaba en la finca, llegaron paramilitares amenazando a los habitantes y ordenándoles “que salieran o verían lo que les iba a pasar”. Este hecho se produjo después del asesinato de otros obreros en la zona, demostrando la estrategia de desplazamiento forzado y asesinato selectivo contra la base de militantes o simpatizantes de la UP.
Segunda modalidad: Asesinatos y desplazamientos forzados de representantes políticos, funcionarios públicos y líderes comunitarios de la UP, mediante sicariato en el casco urbano para destruir el liderazgo de la UP.
La segunda modalidad establece que los asesinatos selectivos se volvieron recurrentes cuando se militarizó la cabecera municipal de Apartadó por un dispositivo de protección durante el éxodo campesino en el coliseo municipal, del 8 de junio al 5 de julio de 1996, luego de la declaratoria de Apartadó como “Zona Especial de Orden Público”.
Los crímenes en esta modalidad fueron perpetrados contra todos los concejales y los funcionarios públicos de la UP, quienes participaban en la administración municipal, y los miembros de las Juntas de Acción Comunal de los barrios con mayor influencia política de la UP y del Partido Comunista Colombiano.
En esta modalidad se determinaron 65 de las 284 víctimas que han sido identificadas por la sala en sus labores de contrastación, las cuales representan el 23,2 % del total de las víctimas. Entre las 65 víctimas, 28 fueron asesinadas, 34 fueron desplazadas forzadamente, 2 fueron detenidas arbitrariamente y una fue víctima de tentativa de homicidio. Entre estas, 47 eran militantes políticos y 18 no eran militantes, pero simpatizaban con la UP o eran cercanos a sus miembros.
Los ataques letales de esta modalidad fueron perpetrados individualmente, lo que reitera el modus operandi de matar una a una a las víctimas y de manera continua para consumar la destrucción del grupo político, asegurándose de encubrirla en medio de la masividad de los hechos violentos registrados en Apartadó en 1996.
El asesinato de José Pascacio Palacios, quien se desempeñaba como administrador de la Terminal de Transporte, cometido el 18 de septiembre de 1996, se cuenta entre los hechos ilustrativos de esta modalidad. Otros crímenes bajo esta modalidad incluyen el asesinato del secretario del Concejo Municipal de Apartadó, Albeiro de Jesús Bustamante Sánchez, el 16 de octubre de 1996, y otros funcionarios de la administración municipal como Leonardo Aguirre López (supervisor de obra) y Álvaro Uribe Jiménez (empleado de la oficina de control de establecimientos).
Tercera modalidad: Masacres y desplazamientos forzados en territorios con identidad upecista mediante incursiones para alterar las preferencias electorales de los pobladores, propagar el terror entre los militantes, y destruir los procesos y bienes colectivos producto de la realización del proyecto político.
La tercera modalidad se configuró mediante incursiones de comandos paramilitares o grupos mixtos conformados por militares y paramilitares, cuya finalidad era destruir los procesos y bienes colectivos producto de la realización del proyecto político, alterar las preferencias electorales de las comunidades y desterrar a los militantes sobrevivientes.
Las masacres fueron perpetradas en territorios públicamente reconocidos por ser fortines políticos y electorales de la UP, como el barrio Policarpa, en la Comuna Bernardo Jaramillo; o el barrio Santa María, en la Comuna José Joaquín Vélez, cuya construcción fue promovida por miembros de la UP; así como el corregimiento de San José de Apartadó.
Las víctimas agrupadas en esta modalidad corresponden a 97 personas, lo que representa el 34,5 % de todas las víctimas del patrón macrocriminal. Entre estas, 23 fueron asesinadas en 4 masacres, 67 fueron desplazadas forzadamente y 7 más fueron víctimas de tentativa de homicidio. Entre las víctimas, 41 eran militantes políticos y 56 eran personas afines o cercanas a la UP.
La Masacre de la Cooperativa Balsamar, cometida en San José de Apartadó, el 7 de septiembre de 1996, es un hecho ilustrativo central de esta tercera modalidad. Esta masacre representa el intento de destruir a la UP atacando sus bienes colectivos, dado que la Cooperativa Balsamar y el supermercado Comunal fueron previamente etiquetados como “propiedades de la guerrilla” en los informes de inteligencia, criminalizando el apoyo de los gobiernos de la UP a dichos proyectos. Además del asesinato de sus militantes, el ataque buscaba expulsar de la región a los sobrevivientes, es decir, el desplazamiento forzado hizo parte de la estrategia.
Bases de la coautoría en el genocidio de la UP
La imputación contra los cinco comparecientes se formula a título de coautores, pues la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que realizaron aportes esenciales al patrón macrocriminal. Estos aportes fueron activos, como la estigmatización de la UP desde la inteligencia militar; y omisivos, como no adoptar medidas de protección o no combatir a los paramilitares.
El carácter deliberado de las omisiones de los comparecientes en su rol de altos mandos del Ejército se desprende del conocimiento efectivo que tenían sobre la violencia genocida que se estaba desplegando contra la UP y de los acuerdos de connivencia existentes entre los grupos paramilitares y las unidades bajo su mando. La sala concluye que, sin las contribuciones y omisiones de estos máximos responsables, el suceso criminal no hubiera ocurrido tal y como se desarrolló.
¿Qué sigue?
Una vez notificados, los cinco imputados disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si los comparecientes aceptan los cargos, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y serán remitidos al Tribunal Especial para la Paz para imponerles una Sanción Propia. Si los comparecientes rechazan su responsabilidad y optan por la vía adversarial, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.
