Crisis humanitaria en sistema carcelario de Colombia, mayo 2026.
Un informe defensorial evidenció graves afectaciones en derechos humanos, salud, alimentación e infraestructura dentro del sistema penitenciario colombiano.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la persistencia de una crisis humanitaria en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia tras realizar visitas de inspección a Centros de Detención Transitoria (CDT) y Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON). Los hallazgos fueron consignados en el “Informe de contraste al XIX informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario”.
La entidad señaló que continúan las vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad debido al hacinamiento, infraestructura obsoleta, deficiencias en alimentación, fallas en servicios de salud y limitaciones en procesos de resocialización. Según el informe, durante el segundo semestre de 2025 persistieron problemas estructurales que afectan tanto cárceles nacionales como centros de detención administrados por autoridades territoriales.
En las inspecciones realizadas a 20 ERON, equivalentes al 16 % de los establecimientos en funcionamiento, la Defensoría evidenció déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para visitas íntimas. Además, detectó demoras en atención médica, dificultades para asignar citas especializadas y problemas recurrentes en el suministro de medicamentos, especialmente en centros penitenciarios de Bogotá como La Modelo y El Buen Pastor.
El informe también destacó limitaciones en procesos judiciales y de resocialización. Cerca del 19,4 % de las audiencias son aplazadas por problemas tecnológicos o ausencia de funcionarios judiciales. Asimismo, solo el 34,8 % de las personas privadas de la libertad participa en actividades laborales y el 25,4 % en programas educativos. La Defensoría advirtió además que más del 70 % del trabajo realizado por internos no recibe remuneración.
En cuanto a los Centros de Detención Transitoria, las visitas a 55 CDT revelaron condiciones críticas de permanencia. La entidad identificó que el 82,5 % de las personas detenidas permanece más de 36 horas en instalaciones diseñadas para estadías temporales, mientras que el 15 % supera incluso un año de permanencia. También se documentaron deficiencias en ventilación, acceso al agua, iluminación, higiene y separación entre sindicados y condenados.
La Defensoría encontró establecimientos sin duchas y casos donde existe un solo sanitario para más de 125 personas, situación que, según la entidad, vulnera estándares mínimos de dignidad humana. Además, el 98 % de los CDT depende de las familias para suministrar implementos de aseo, mientras algunos centros dependen parcialmente del comercio informal o familiares para garantizar la alimentación de las personas detenidas.
En respuesta a estos hallazgos, la Defensoría formuló recomendaciones orientadas a superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. Entre ellas se incluyen fortalecer la inversión en infraestructura, garantizar cobertura de salud y alimentación, modernizar sistemas de información, avanzar en reformas de política criminal y promover alternativas a la prisión con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
El organismo insistió en la necesidad de una mayor corresponsabilidad de entidades nacionales y territoriales para enfrentar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. La entidad advirtió que la persistencia de estas problemáticas representa riesgos para la dignidad humana, la salud pública y la convivencia dentro de los establecimientos penitenciarios del país.
