Washington reafirma rechazo de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional
El secretario de Estado sostuvo que la Corte Penal Internacional representa una amenaza para la soberanía estadounidense y anunció una estrategia diplomática para limitar su alcance.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró la oposición de la Administración Trump a la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que ese organismo no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y que sus actuaciones representan una amenaza para la soberanía nacional y el sistema constitucional del país.
En un artículo de opinión, Rubio afirmó que Estados Unidos nunca ha aceptado que un tribunal internacional pueda juzgar a miembros de sus Fuerzas Armadas, agentes de seguridad o funcionarios públicos. Recordó que Washington no ratificó el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI, y destacó que tanto administraciones demócratas como republicanas han expresado reservas frente a la jurisdicción del tribunal.
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la investigación abierta por la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán marcó un punto de inflexión en la relación entre Washington y el organismo internacional. Según Rubio, esta y otras actuaciones evidencian una expansión del alcance de la Corte más allá de lo previsto originalmente.
Asimismo, sostuvo que la Administración Trump mantendrá una política de protección hacia militares, agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios estadounidenses frente a cualquier intento de procesamiento por parte de la CPI. En ese contexto, anunció el impulso de una campaña diplomática basada en la defensa de la soberanía de los Estados y el fortalecimiento de alianzas con países que comparten esa posición.
Rubio concluyó que Estados Unidos continuará utilizando herramientas diplomáticas, políticas y legales para limitar la influencia de la Corte Penal Internacional. La postura forma parte de la estrategia de política exterior denominada «America First», con la que la actual administración busca priorizar la jurisdicción nacional sobre los mecanismos judiciales internacionales.
