Alertas tempranas DH Valle del Cauca, Colombia, agosto 24 del 2025
Ante los graves riesgos de violaciones de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca.
El documento advierte que en estos territorios se configura un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación entre los grupos armados organizados Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.
Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados. La presencia de estos actores, incrementa el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
El escenario actual combina la disputa territorial, el control de rentas ilícitas y la presión armada, sobre liderazgos comunitarios. Las comunidades enfrentan un riesgo inminente de homicidios múltiples y selectivos, así como de mayor propagación del uso de explosivos en zonas urbanas.
Además, se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales. Las mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de estos grupos.
En Riofrío, hay riesgo es su cabecera municipal y dos corregimientos, en Bolívar en nueve corregimientos y un resguardo indígena y en Trujillo en 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas. Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo ha formulado un conjunto de recomendaciones al Estado colombiano, organizadas en seis ejes fundamentales. En primer lugar, se requiere una coordinación y planeación interinstitucional inmediata, liderada por el Ministerio del Interior a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para articular un plan de acción integral con plazos y seguimiento verificable. En el ámbito de la seguridad, el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, debe reforzar la presencia y control territorial, asegurando patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves.
De manera paralela, se hace indispensable fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, así como para mujeres rurales y líderes sociales, garantizando entornos seguros y rutas de atención, frente a riesgos de reclutamiento, confinamiento y violencia de género. Asimismo, la Unidad para las Víctimas debe ampliar la capacidad de respuesta humanitaria, actualizando los planes de contingencia en coordinación con gobernaciones, alcaldías y personerías municipales, para enfrentar posibles emergencias de desplazamiento y confinamiento con un enfoque diferencial.
En materia de justicia, la Fiscalía General de la Nación debe priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Estado colombiano, para que las recomendaciones contenidas en esta alerta, sean atendidas de manera inmediata y articulada. La vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades de Riofrío, Trujillo y Bolívar dependen de una respuesta efectiva, oportuna y coordinada.
