Bolivar, Colombia: encrucijada de derechos. Abril 2026.
Durante una visita al municipio de Magangué, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo encuentros con líderes sociales, organizaciones de pescadores, campesinos y autoridades territoriales, en los que evidenció un complejo panorama de vulneraciones a los derechos humanos en la subregión del sur de Bolívar.
En el recorrido, la funcionaria hizo seguimiento a la Sentencia T-163 de la Corte Constitucional, relacionada con la protección ambiental y de las comunidades del Complejo Cenagoso de Cascaloa. Allí se identificaron graves afectaciones, entre ellas una reducción del 90 % en la actividad pesquera, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de cerca de 26.000 personas que habitan en 12 comunidades de la zona.
“La brecha entre la planeación institucional y la ejecución es crítica. Las comunidades siguen enfrentando las afectaciones mientras las soluciones permanecen en fase de diseño”, afirmó la defensora.
Durante los espacios de diálogo con líderes de nueve municipios, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre el deterioro de la seguridad en la región. Según datos de la entidad, en 2025 se registraron al menos 40 homicidios y en lo corrido de 2026 ya se reportan 18 casos adicionales. A esto se suman amenazas a líderes sociales, extorsiones constantes, restricciones a la movilidad y presiones de grupos armados ilegales.
En municipios como San Martín, El Peñón, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio y San Jacinto del Cauca, se mantiene la presencia del Clan del Golfo, con indicios recientes de incursiones del ELN, lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos y agrava la situación de las comunidades.
A las problemáticas de seguridad se suman deficiencias en servicios públicos. Más de 60.000 personas en varios municipios enfrentan fallas constantes en el servicio de energía eléctrica, con interrupciones de hasta seis horas diarias, afectando derechos fundamentales como la salud, la educación y la calidad de vida.
En materia educativa, se evidencian dificultades por falta de infraestructura, déficit de docentes y limitaciones en el acceso a la educación superior, lo que reduce las oportunidades para los jóvenes de la región.
La situación en salud también genera preocupación. La subregión presenta barreras de acceso debido a su alta ruralidad, congestión hospitalaria y deudas de las EPS que superan los 100.000 millones de pesos. Entre 2023 y 2025 se registraron más de 6.300 quejas por fallas en la prestación del servicio, principalmente relacionadas con falta de medicamentos y demoras en la atención.
Otro de los puntos críticos señalados fue la crisis carcelaria en centros de detención transitoria, donde se reportan niveles de hacinamiento de hasta el 400 %, como en la estación de Policía La Esmeralda en Magangué.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer la presencia institucional, garantizar la protección de líderes sociales y avanzar en soluciones estructurales que permitan atender la crisis ambiental, social y de seguridad.
Asimismo, se advirtió sobre la preocupación de cara a las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal, debido al bajo interés de participación por los riesgos de seguridad y la falta de garantías para ejercer liderazgo en el territorio.“Los riesgos para las comunidades no son solamente en seguridad, también en la garantía de derechos. Esto exige una respuesta institucional oportuna, articulada y con enfoque territorial”, concluyó la defensora.
