Derechos de víctimas y pueblos étnicos, Colombia, agosto 2025.
#Derechos. Las comisiones de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y a los Decretos Ley Étnicos presentaron sus más recientes informes al Congreso de la República, en los que alertaron sobre graves retrasos en el cumplimiento de los compromisos estatales y una baja ejecución presupuestal para atender a la población víctima del conflicto armado en Colombia, particularmente a los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y el pueblo Rrom.
El décimo tercer informe de la Comisión de Seguimiento a los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011 señaló que estas comunidades han sufrido impactos “agudos y diferenciales” por las dinámicas del conflicto armado, incluyendo desplazamientos masivos, pérdida de vidas, debilitamiento de sus formas de gobierno propio y deterioro cultural. Aunque se han destinado más de $13 billones a la política de víctimas étnicas entre 2016 y 2025, la falta de ejecución de recursos —$1,5 billones no se usaron en 2024— refleja problemas de gestión y limita el alcance de las políticas de reparación.
Según cálculos de la Comisión, se necesitarían alrededor de $101,1 billones (a precios constantes de 2025) para cumplir las medidas de reparación integral entre 2025 y 2031. Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la falta de unidades especializadas en derechos étnicos en las entidades estatales, sistemas de información deficientes y barreras de conectividad y transporte que restringen la participación efectiva de las comunidades.
Rezago en restitución de tierras y vivienda
El informe también advirtió sobre el lento avance de la Unidad de Restitución de Tierras, que en 2024 apenas cumplió el 36 % de su meta anual y redujo el número de decisiones de fondo de 13.501 en 2017 a 5.999 en 2024. En materia de vivienda, solo el 10,7 % de los hogares desplazados vive en condiciones dignas, mientras más de 25.000 subsidios urbanos y rurales permanecen sin entregar.
En términos económicos, el 65 % de la población víctima vive en situación de pobreza, y el 17,8 % en pobreza extrema, equivalentes a más de cinco millones de personas, en su mayoría desplazadas de sus territorios.
Indemnizaciones y reparación colectiva
Aunque el presupuesto para indemnizaciones aumentó significativamente en los últimos años, la cobertura sigue siendo baja: solo el 19 % de las más de nueve millones de personas susceptibles ha recibido compensación. La reparación colectiva tampoco ha logrado avances sustanciales, con apenas tres planes finalizados de los 826 activos en 13 años.
Ley de Víctimas: $407 billones necesarios para 2025-2031
El décimo segundo informe de seguimiento a la Ley 1448 de 2011, modificado por la Ley 2421 de 2024, reveló que se requerirán aproximadamente $407 billones para cumplir con los compromisos de atención y reparación integral entre 2025 y 2031. En 2024, de los $6,5 billones asignados, $1,06 billones no fueron comprometidos y $1,8 billones comprometidos no fueron ejecutados.
Las comisiones recomendaron actualizar el documento CONPES de víctimas, garantizar nuevas fuentes de financiación y fortalecer las estrategias de prevención del reclutamiento forzado de menores en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, donde los riesgos son más altos.
Atención en el exterior y llamado a la acción estatal
El informe también resaltó las dificultades de atención a víctimas en el extranjero: solo 54 de los 130 consulados toman declaraciones de víctimas y apenas el 10,18 % de las registradas en el exterior ha logrado retornar o reubicarse.
Las comisiones reiteraron su compromiso de vigilar el cumplimiento de la política pública y exigieron una acción articulada, urgente y efectiva del Estado para garantizar los derechos de las víctimas dentro y fuera del país.
