EPS Sanitas: ¿quién tiene la razón en julio 2025?.
La intervención del Gobierno a Colsanitas sigue generando controversia, especialmente tras un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional que observó “un asunto de forma” en la actuación del Ejecutivo frente a la aseguradora. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro respondió con un contundente mensaje en redes sociales, defendiendo la decisión con base en la crítica situación financiera que, según él, ya enfrentaba la empresa desde antes de la intervención.
Petro sostuvo que Colsanitas, como aseguradora financiera, tenía bajo su responsabilidad la vida y atención médica de más de 4 millones de personas, y que para abril de 2024, ya no contaba con las reservas técnicas necesarias ni con el patrimonio exigido para operar con solvencia. Según el mandatario, la entidad tenía un déficit de 1.2 billones de pesos en reservas técnicas y más de 800 mil millones en patrimonio.
“No se trata de cualquier activo, sino de activos altamente líquidos”, enfatizó el presidente, explicando que las reservas técnicas permiten responder rápidamente por procedimientos médicos. También aclaró que estos fondos no se relacionan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que entrega el gobierno, sino que son obligaciones propias de toda aseguradora responsable.
El jefe de Estado negó rotundamente que la intervención haya sido la causa del deterioro de la EPS, como lo ha señalado Keralty, el grupo propietario de Colsanitas, en comunicaciones internas a sus empleados. “La aseguradora estaba profundamente deteriorada antes de la intervención”, reiteró Petro, al tiempo que hizo un llamado al propietario para que inyecte recursos y garantice verdaderamente la atención de los afiliados y el pago a proveedores.
Finalmente, recordó que el propósito de la intervención no es pagar las deudas del privado, sino salvaguardar la salud de los colombianos afiliados al sistema. El mensaje fue acompañado por un documento oficial que respalda sus afirmaciones: ver documento.
La discusión sobre Sanitas continúa, en un contexto donde millones de usuarios esperan claridad, servicios y estabilidad. Mientras la Corte hace reparos jurídicos, el Gobierno insiste en la urgencia económica. ¿Quién tiene la razón? La ciudadanía observa expectante.
