JEP Colombia audiencias de Reconocimiento de Verdad extintas FARC EP. Junio del 2025

En Caicedo, Antioquia, 7 antiguos comandantes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP reconocen públicamente su responsabilidad por los secuestros cometidos en este departamento, en el norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la #JEP los imputó en septiembre de 2024 como máximos responsables regionales de crímenes de guerra y de lesa humanidad que no pueden ser amnistiados:

• Toma de rehenes
• Graves privaciones de la libertad
• Asesinato
• Violencia sexual
• Tortura
• Desaparición forzada
• Atentados a la dignidad personal
• Tratos crueles e inhumanos

Los comparecientes que sobrevivieron al conflicto armado, firmaron el Acuerdo Final de Paz, se sometieron a la JEP y fueron llamados a reconocer verdad y responsabilidad ante las víctimas, la sociedad colombiana y la justicia son: 1. Luis Óscar Úsuga, conocido en las Farc-EP como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’ 2. Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’ 3. Rodolfo Ruiz Restrepo, conocido como ‘Víctor Tirado’ 4. Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’ 5. Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’ 6. Pedro Baracutao, conocido con el mismo nombre en la antigua guerrilla 7. Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’

La investigación desarrollada por la JEP evidenció que el Bloque Noroccidental es la segunda estructura —entre las siete ubicadas por debajo del Secretariado de las Farc-EP— que perpetró el mayor número de secuestros. En total, la JEP documentó 314 víctimas de secuestro atribuidas al Bloque Noroccidental.

La Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad se lleva a cabo en Caicedo, Antioquia, por ser el municipio donde ocurrió el secuestro del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz, Gilberto Echeverri, mientras lideraban la Marcha de la Noviolencia. Asimismo, porque Caicedo fue declarado el primer municipio no violento de Colombia.

La realización de la Audiencia en Caicedo es un reconocimiento a la memoria de las víctimas y es un homenaje a los habitantes del municipio que, en medio del conflicto armado, tomaron las banderas del movimiento por la paz y la #noviolencia en Antioquia.

Yuber Felipe Molina Murill, alcalde de Caicedo, dio la bienvenida a los y las magistradas de la JEP, a las víctimas, comparecientes de las Farc-EP y representantes de entidades que participan en la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad . «Nuestro pueblo fue escenario de tres tomas guerrilleras, vivió el secuestro de ciudadanos, asesinatos, extorsiones, el secuestro de Guillermo y Gilberto”, recordó el alcalde Molina.

En su intervención, el alcalde Molina pidió celeridad al Estado en la reparación del daño que ha sufrido Caicedo: “Vamos a escuchar este acto de reconocimiento con atención y con humildad. Es importante que ustedes sepan que tenemos un enorme anhelo de que se establezca una ruta clara para la reparación. (…) No hay reconciliación sin verdad, ni paz y sin justicia restaurativa”, dijo el alcalde Molina.

El presidente de la #JEP, magistrado Alejandro Ramelli, saludó a los asistentes a la audiencia. “Gracias por acogernos. Para mí es un honor estar aquí y ser testigo de los mensajes de paz que nos envían desde sus calles, a través de su cultura y de sus años de largas caminatas”, dijo, refiriéndose a los habitantes de Caicedo.

El magistrado Ramelli reconoció la lucha por la paz y la #noviolencia de los caicedeños: “Nos han demostrado que las ideas perduran más que las agresiones, como lo proclamaron en su momento el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el exministro de Defensa y consejero de Paz, Gilberto Echeverri. Ustedes han mantenido vivo ese legado y nos han recordado”, dijo el presidente de la JEP.

El magistrado Ramelli dijo que Caicedo es un terreno fértil para hablar de la Justicia Transicional Restaurativa: “La apuesta de esta justicia es que, a través de procesos dialógicos, las víctimas puedan encontrar respuestas a preguntas que se han hecho por décadas, y que el dolor profundo que han sufrido sea reconocido por quienes lo causaron”, dijo.

“Sabemos que nada les va a devolver el tiempo perdido en los años del cautiverio, que nadie les va a devolver a los seres queridos. (…) Lo que sí podemos hacer con esta justicia es proteger su memoria, restituir sus derechos vulnerados, desenterrar la verdad, acabar con la impunidad”, dijo el magistrado Ramelli.

En su intervención, el magistrado Ramelli dijo que los siete comparecientes, antiguos comandantes de las extintas Farc-EP, están cumpliendo con el Acuerdo de Paz. “De ellos, la JEP espera que, a través de sus palabras, se hagan cargo del daño que causaron”, dijo.

Durante la diligencia se proyectó el video ‘La JEP destaca que Caicedo mantenga vivo el mensaje de No Violencia en Antioquia’, que reconoce la resistencia de los caicedeños durante el conflicto armado.

La Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad es presidida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, relatora del #Caso01, quien está acompañada por las magistradas Nadiezhda Henríquez Chacín, Lily Rueda Guzmán y Marcela Giraldo Muñoz.

Tras instalar la audiencia, la magistrada Julieta Lemaitre saludó a las 40 víctimas que participan en la diligencia y recordó que Caicedo es un escenario simbólico de la paz en Colombia. “En 2002, los caicedeños iniciaron movilizaciones masivas, mediante ‘caravanas por la paz’, con las cuales buscaron escoltar el recorrido de los carros cargados de café, que estaban siendo obstruidos por retenes guerrilleros”, dijo la magistrada Lemaitre.

La magistrada Lemaitre recordó que, en el Auto No. 19 de 2021, la JEP imputó a siete exmiembros del antiguo secretariado de esa extinta guerrilla por los secuestros, y que estos reconocieron la verdad y su responsabilidad en la audiencia realizada en junio de 2022.

“Desde entonces, el #Caso01 se ha concentrado en investigar la manera como los siete bloques de las extintas Farc-EP implementaron y ejecutaron las tres políticas nacionales”, explicó la magistrada a los asistentes a la Audiencia Regional de Reconocimientod de Verdad.

Asimismo, recordó los tres patrones criminales que han sido develados por la investigación de la JEP:

• Privar de la libertad a civiles para financiar a las Farc-EP
• Privar de la libertad a políticos, militares y policías para forzar el intercambio por guerrilleros presos.
• Privar de la libertad a civiles para controlar a la población de los territorios.

La magistrada Lemaitre explicó en la audiencia que a la fecha se han emitido 5 Autos de Determinación de Hechos y Conductas, en los que se ha imputado a 34 comandantes regionales del Comando Conjunto Central, del Bloque Occidental, del Bloque Noroccidental, del Bloque Caribe y del Bloque Magdalena Medio

«Esto con el objetivo de estas investigaciones es dar respuesta a las demandas de justicia de las víctimas en las regiones para quienes las Farc no era el Secretariado, sino los comandantes regionales, para quienes ellos eran el rostro de las Farc y son las personas que convirtieron la política en órdenes concretas», dijo la magistrada.

Durante la audiencia se proyectó un video que da cuenta del contexto en el que el Bloque Noroccidental de las Farc-EP incurrió en centenares de secuestros en Antioquia, Chocó, Córdoba, Caldas y Risaralda.

El primer patrón criminal que se abordará en la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad es el de privar de la libertad a civiles y a miembros de la fuerza pública para forzar un intercambio por guerrilleros presos.

Para conocer detalles de cómo el Bloque Noroccidental materializó este patrón criminal, puede consultar el siguiente video:

“En el Pleno del Estado Mayor de 1997 que se mantendrían cautivos militares y policías que tenían mando, o sea, oficiales y suboficiales de policía, para forzar un intercambio por guerrilleros presos”, explicó la magistrada Lemaitre sobre el origen de este patrón criminal.

La magistrada Lemaitre explicó que, como la política de plagio de militares no cumplió con las expectativas de las antiguas Farc-EP, “en 1998 Víctor Julio Suárez, Jorge Briceño o el Mono Jojoy sugirió presionar al gobierno a través del secuestro de figuras políticas”.

Para ilustrar este patrón, la magistrada recordó que el antiguo Bloque Noroccidental de las Farc-EP secuestró al representante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, a Guillermo Gaviria y a Gilberto Echeverri. “El secuestro de estos dos últimos se ejecutó el 21 de abril de 2002, en el puente del Vaho de Anocozca, en el municipio de Caicedo, cuando se encontraban realizando la marcha de la no violencia, con la que pretendían convencer a las Farc-EP de que dejaran de bloquear la vía y les permitieran a los campesinos sacar su cosecha de café”, relató la magistrada.

Gaviria y Echeverri estuvieron secuestrados hasta el 5 de mayo de 2003, cuando el Ejército Nacional llevó a cabo la Operación Monasterio. “Los guerrilleros que custodiaban ese grupo de secuestrados se vieron acorralados y ejecutaron la orden del secretariado de asesinar a todos los cautivos para evitar su rescate; por ello, les dispararon a quemarropa y en estado de indefensión”, narró la magistrada Lemaitre.

En la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad, Martín Cruz Vega, conocido en las extintas Farc-EP como ‘Rubín Morro’, es el primer compareciente llamado a reconocer su responsabilidad por hechos relacionados con el patrón de privar de la libertad a civiles y a miembros de la fuerza pública para forzar un intercambio por guerrilleros presos.

Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’: Fue miembro del Estado Mayor del Frente 5º, entre 1996 y el año 2000. Además, fue comandante del Frente Aurelio Rodríguez entre 2000 y 2014, así como integrante del Estado Mayor del bloque, entre 2003 y 2014. Operó Gran Urabá y Córdoba y en el suroriente de Chocó, occidente de Caldas y Risaralda.

“La guerra nos hizo crueles, el Acuerdo Final de Paz nos humanizó de una manera que vamos para nueve años de la firma de un acuerdo que honramos hoy. Creo que el secuestro fue un cáncer mortal que nos desdibujó como revolucionarios, como defensores del pueblo, decíamos nosotros, pero que en la práctica no fue así”, continuó el compareciente de las Farc-EP Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’.

“El delito del secuestro es un horror. Primero el alma se le arruga, el remordimiento, el arrepentimiento de lo que causamos no tiene explicación y menos una justificación política”, dijo el compareciente de las Farc-EP Martín Cruz. Agregó que “fue una política supremamente equivocada de nuestros comandantes nacionales”.

El compareciente Martín Cruz reconoció: “No hay ninguna duda de que fui esencial y determinante en la ejecución de la política de secuestro. No solo en el Quinto Frente, sino en el Estado Mayor de Bloque (Noroccidental), por mi actividad y capacidad para formar la estrategia. Me siento responsable, sin dilación, de la política de secuestro”.

El compareciente de las Farc-EP, Martín Cruz, además aceptó que hubo tratos crueles y que ordenó aislamientos que hoy son calificados por la JEP como torturas. Aceptó además que intercambiaron a secuestrados por niños. “Eso no lo hace una organización política y nosotros lo hicimos. Muchas veces no mirábamos las edades de las personas. Nos interesaba el dinero, nosotros no mirábamos las edades”.

La diligencia continuó con el reconocimiento de responsabilidad, por secuestro, de Luis Óscar Úsuga, conocido como ‘Isaías Trujillo’. Fue el último comandante del Bloque Occidental y comandante del Frente 34 de las extintas Farc-EP. “Yo, como comandante del Bloque Noroccidental, me responsabilizo y soy el directo responsable de haber hecho cumplir las órdenes que venían del Secretariado. Soy responsable también de no haber controlado las unidades que estaban bajo mi mando. Reconozco aquí, ante todas las víctimas, que el secuestro es un delito que no es amnistiable”, dijo en la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad.

Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’, también reconoció su responsabilidad por los secuestros del Bloque Noroccidental. Arenas fue comandante del Frente Urbano Jacobo Arenas entre 1993 y 2006, con presencia en Medellín. Entre 1998 y 2006, coordinó los frentes ubicados en Medellín y el Oriente antioqueño, agrupados en lo que se conoció como el “bloquecito”. Fue integrante del Estado Mayor del Bloque Noroccidental desde 1993 hasta 2006.

“Nosotros no tuvimos control de nuestras unidades, que hicieron cosas que para nosotros, éticamente, era imposible que se hicieran, y ahora sabemos que sí se hicieron”, dijo Jesús Mario Arenas, compareciente de las Farc-EP, conocido como ‘Marcos Urbano’. “No estoy justificando, por eso asumo la responsabilidad como mando que fui”, agregó.

“Me hago responsable por el secuestro del cabo Pérez (…). Nosotros escuchamos las noticias, a uno le tocaba el alma, pero éramos subordinados. Lo llegamos a solicitar porque solo había dos secuestrados. Y yo le dije al camarada ‘Iván Márquez’, pero la orden era mantener a los prisioneros ahí, y ese desenlace fue fatal (…), significó todas las manifestaciones y deshumanización del combatiente”, agregó Jesús Mario Arenas, compareciente de las Farc-EP, conocido como ‘Marcos Urbano’.

La primera víctima en intervenir en la audiencia fue el sargento (r) del Ejército Nacional Heriberto Aranguren González, quien fue secuestrado el 22 de junio de 1999 en el municipio de Puerto Libertador, tras un combate que se conoció como la batalla por el Nudo de Paramillo.

La mayoría de los compañeros de Aranguren fueron asesinados por integrantes de las Farc-EP el 5 de mayo de 2003, en zona selvática de Urrao, Antioquia, tras un intento de rescate militar. El sargento sobrevivió, pese a que recibió varios disparos en su cuerpo.

El sargento (r) del Ejército Heriberto Aranguren González detalló los hechos previos al combate en el corregimiento de Juan José. Contó que la Compañía Córdoba, a la que pertenecía, fue enviada a controlar el orden público en una zona donde habían ocurrido enfrentamientos entre paramilitares y las Farc-EP.

“Mi secuestro lo divido en dos etapas. Dos años en el Nudo del Paramillo, en un cajón de madera hermético de tres metros por tres metros, donde conviví con los otros cuatro soldados. La otra parte, en Vigía del Fuerte, en campamentos abiertos”, relató el sargento (r) Aranguren.

“Transcurre un año desde que nos reunimos con ellos, planean una operación de rescate. Van por nosotros, pero desafortunadamente Aicardo Agudelo, ‘El Paisa’, (…) ordenó fusilar a los secuestrados”, relató el sargento retirado Aranguren.

“Ese día vi la muerte muy cerca. Me salvé en el combate donde vi morir a 35 militares y me salvé nuevamente el día del fusilamiento, tras el operativo de rescate. En el momento de la fusilada, recibí disparos en mi cabeza (…). Yo creo que todo ser humano, cuando se está muriendo, pide perdón y se arrepiente. Eso hice yo”, relató Aranguren.

Aranguren dijo que el secuestro no solo es cruel con la víctima directa, sino también con su núcleo familiar. “No es fácil para la familia comer sin saber si su ser querido ya comió, si está vivo o muerto”, dijo.

Aranguren contó que, tras sobrevivir al crimen, cumplió sus metas: “Llegué al grado de sargento mayor, he logrado conformar una hermosa familia (…) y entendí que sin perdón no hay sanación. No siento odio ni rencor contra nadie. Como persona que vivió el conflicto, quiero un mejor país para mis hijos”, dijo, mirando a los comparecientes de las Farc-EP

Tras la intervención del sargento (r) Aranguren, la magistrada Lemaitre le agradeció por ayudar a comprender las atrocidades de la guerra con su testimonio. “Usted trae una enseñanza que me conmueve: usted dice que no se pregunta por qué me pasa esto, sino para qué. El para qué es para venir aquí a testimoniar, como lo dijo”.

Jhover Man Sánchez, compareciente de las Farc-EP, explicó que en 1997, el Secretariado de las Farc-EP “dice que debemos tener prisioneros de guerra y presionar el intercambio humanitario de guerrilleros en las cárceles” y que esa fue la razón por la que secuestraron al entonces mayor del Ejército, Heriberto Aranguren.

El fin de secuestrar a Heriberto Aranguren, dijo el compareciente de las Farc-EP, era promover el intercambio humanitario: “El fin no era torturar a su familia, el fin no era hacerle un daño a usted como persona, pero se hizo (…). Acepto mi responsabilidad de los hechos directos del secuestro. Conocemos que el secuestro es un hecho no amnistiable. Es un delito de guerra no amnistiable”.

La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll explicó que el hacinamiento al que fue sometido el sargento mayor (r) del Ejército Nacional Heriberto Aranguren constituyó un trato cruel, inhumano y degradante. Le pidió al compareciente Sánchez que reconociera ese hecho y explicara por qué había cinco personas en un “corral de 3 x 3 (mts²)” cuando Aranguren fue secuestrado.

Jhover Man Sánchez, conocido como ‘Rubén Cano’, dijo: “Sí, señora magistrada. De por sí, el secuestro es una tortura. Estar en contra de su voluntad sin saber qué va a pasar ya es tortuoso”. Sánchez explicó que ese corral fue la forma que encontró la guardia de que no se les escaparan los secuestrados y aceptó que tener a los cautivos en esas condiciones de cautiverio «es una forma de tortura”.

Luis Honorio Pacheco, víctima de secuestro, les dijo a los comparecientes de las extintas Farc-EP: “Mi corazón siente paz frente a ustedes”. Recordó que años atrás “sentía rabia y venganza por el daño que me hicieron”, pues fue secuestrado cuando estaba herido, fuera de combate, y lo obligaron a hacer largas caminatas pese a su estado de salud.

Pacheco, víctima de secuestro, les exigió a los comparecientes de las extintas Farc-EP que le reconozcan el daño tan grave que le causaron, incluidas las torturas físicas y verbales. “Todavía sueño con la guerrilla de las Farc, que me van a asesinar, que me van a amarrar, y veo a ‘Pipe Chulo’ que me va a matar. Yo le digo que no soy militar y me dice: ‘no importa, camina con nosotros’. Despierto llorando”.

Pacheco, víctima de secuestro, terminó pidiéndoles a los comparecientes del extinto Bloque Noroccidental que se mantengan en la vida civil. “La paz la necesitamos nosotros ya, para que nuestros hijos, esposas y bisnietos no vivan en la violencia que estamos viviendo”, dijo.

En la audiencia intervino Rodolfo Restrepo Ruiz, conocido como ‘Víctor Tirado’ en las extintas Farc-EP, quien reconocerá los hechos relatados por la víctima Luis Honorio Pacheco. Fue comandante del Frente 57 entre 1993 y 1998 e integrante del Estado Mayor del bloque entre 1993 y 2000. Operó en Urabá y Córdoba.

“Si bien no estaba en la primera línea de combate, es un delito grave no estar pendiente de lo que estaban haciendo los subalternos. Soy responsable por ese delito, por esos crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo el compareciente Restrepo Ruiz, dirigiéndose a Luis Honorio Pacheco.

Tras la intervención de Rodolfo Restrepo Ruiz, el compareciente Martín Cruz Vega también tomó la palabra para reconocer que estuvo en Tamborales durante el combate en el que fue secuestrado Luis Honorio Pacheco. “La cantidad de fuego fue enorme. Yo nunca, en los 40 años de vida guerrillera, había escuchado tanta explosión y tanta lucha en contra de la vida, para matarnos entre seres humanos”, contó el compareciente Cruz Vega.

“Haberlo dejado habría sido condenarlo a morir, no había manera de que saliera de esa selva herido. Si lo dejamos en ese terreno, se hubiera muerto. No dudo de los tratos que usted relata que sufrió”, le dijo Martín Cruz Vega a Luis Honorio Pacheco, víctima de secuestro cuando estaba herido, fuera de combate, y fue obligado a hacer largas caminatas pese a su estado de salud.

El extinto Bloque Noroccidental de las Farc-EP también secuestró a civiles para controlar territorios en Antioquia, el norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Muchas víctimas fueron señaladas como colaboradoras del enemigo a partir de información poco rigurosa. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP encontró que las personas secuestradas también padecieron otros crímenes como desaparición forzada, homicidio, tortura e incluso violencia sexual.

La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll explicó que el Bloque Noroccidental de las Farc-EP secuestró a civiles para controlar territorios, en especial en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, donde se documentaron 41 secuestros. Además, en el Gran Urabá-Córdoba —entre Antioquia, Chocó y Córdoba— la Sala de Reconocimiento de Verdad registró 30 secuestros.

“Reconozco mi responsabilidad sobre la implementación de la política de secuestro. La implementé, la cumplí y la ordené”, dijo el compareciente de las Farc-EP Jhover Man Sánchez, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’. “Yo no la llamo cáncer, pero sí fue una política que nos hizo mucho daño. Esta política de secuestro nos alejó de los objetivos que teníamos y de ser, como (nos) llamábamos, el Ejército del Pueblo”.

Asimismo, Sánchez admitió: “En algunos casos, si una persona no tenía quién hablara por él, eran asesinadas por las Farc-EP porque no tenía quien la defendiera”. Eso implicó que muchos de los asesinatos se cometieron sin tener certeza de que las víctimas fueran efectivamente colaboradoras del enemigo de la extinta guerrilla.

Durante la audiencia, Jhover Man Sánchez, conocido como ‘Rubén Cano’, reconoció su responsabilidad por el secuestro del integrante de la fuerza pública Guarne Tapias, quien fue masacrado el 5 de mayo de 2003 en el mismo hecho en el que fueron asesinados el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el consejero de Paz, Gilberto Echeverri. Sánchez también secuestró a Pedro José Guarnizo, quien sobrevivió a estos hechos.