JEP Colombia y Fiscalía: articulación, cierre de procesos agosto 2025.
El trabajo conjunto entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación es indispensable para cerrar el conflicto armado interno. Esto concluye la JEP luego de revisar el oficio remitido por la Fiscalía, el pasado 14 de julio, en el cual manifestaba una serie de preocupaciones relacionadas con el “cierre judicial definitivo de procesos penales existentes en contra de comparecientes ante la JEP”.
El mandato constitucional de la JEP
El mandato constitucional de la JEP no se enfoca hacia la resolución o el esclarecimiento individual de cientos o miles de casos, sino a determinar patrones criminales, esclarecer políticas de iure o de facto de organizaciones involucradas en el conflicto armado, investigar a los máximos responsables y enfocarse en los crímenes más graves y representativos.
Los expedientes cuya remisión hasta el momento ha solicitado la JEP a la Fiscalía responden a estas lógicas de trabajo y se ajustan a los tiempos previstos en la ley. En tal sentido, no le corresponde a la JEP entrar a resolver miles de asuntos que en su momento conoció la justicia ordinaria; tanto menos aquellos que se encuentran en una etapa investigativa muy precaria y sin ninguna vocación de éxito.
Sobre el traslado masivo de miles de expedientes a la JEP
En lugar de propender por la realización de un traslado masivo de procesos de la Fiscalía hacia la JEP, la Jurisdicción considera que el órgano investigativo puede hacer uso de las facultades que las leyes procesales ordinarias le confieren para disponer el cierre definitivo de las investigaciones bajo su competencia.
Sería contrario a los principios de eficiencia, economía procesal y estricta temporalidad realizar un traslado masivo de esos procesos solo para cerrarlos por las mismas causas en la JEP.
El trabajo conjunto realizado hasta el momento
De tiempo atrás, el trabajo conjunto entre la JEP y la Fiscalía ha permitido integrar y depurar las fuentes de información compartida por la Fiscalía al universo provisional de hechos elaborado por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, junto con más de 100 bases de datos y más de 1.000 informes recibidos por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los cuales incluyen 17 informes de la Fiscalía.
El trabajo de la JEP ha permitido evidenciar diversas inconsistencias en la información consignada en los informes y bases de datos de la Fiscalía, como la identificación de responsables solo con un alias o con atribución de un solo grupo armado, sin mayores precisiones; también se encontraron datos errados como nombres de perpetradores indicados como víctimas o viceversa; y múltiples registros duplicados.
Por ejemplo, en el inventario entregado por la Fiscalía sobre investigaciones relacionadas con el conflicto armado, la cifra de 223.282 casos agregaba denuncias y procesos, sin excluir duplicados; así, la cantidad de 280.471 indiciados incluye, en algunos casos, registros de víctimas, o de personas no identificadas plenamente, e incluso, de grupos armados o nombres de estructuras dentro de estos (por ejemplo, se toma como indiciado el nombre de una columna de las antiguas Farc-EP, sin determinar siquiera su comandante).
A partir de la integración de estos datos, la JEP identificó un total de 407.081 procesos, incluyendo noticias criminales provenientes de los sistemas de información de la Fiscalía (del Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA-; radicados del Sistema de Información Judicial de la Fiscalía -SIJUF-; y carpetas únicas del Sistema de Información de Justicia y Paz -SIJYP-).
Así, se depuró un registro de 219.963 personas únicas en calidad de presuntos responsables y 318.360 personas únicas en calidad de víctimas. Estas cifras incluyen procesos activos e inactivos y descartan registros que no se refieren a personas naturales con datos de identificación mínimos como un nombre, un apellido, la fecha y el lugar parcial de los hechos y el tipo de violencia.
Esta información consolidada resulta indispensable para poder resolver la situación jurídica de los comparecientes sometidos a la JEP, tareas que no solo corresponden a la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR).
En el modelo de justicia transicional adoptado por la JEP quedó establecido que la Sala de Reconocimiento de Verdad es la encargada identificar los patrones macrocriminales y a los máximos responsables, quienes luego deben ser sometidos a juicio para imponerles una Sanción Propia si reconocen responsabilidad y aportan verdad.
Los avances de la JEP hacia el cierre judicial del conflicto armado
Más allá de los progresos adelantados por la SRVR en materia de macroimputaciones a los máximos responsables (263 imputaciones), la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) y a la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) son las encargadas de resolver la situación jurídica de los firmantes del Acuerdo Final de Paz y demás comparecientes, en función de la naturaleza amnistiable o no de las conductas y de las particularidades de cada caso. A la fecha, la SDSJ conoce 7.981 casos de comparecientes de fuerza pública y 91 de comparecientes voluntarios.
Así, desde diciembre de 2024, la SDSJ ha concedido 148 renuncias a la persecución penal a comparecientes de la fuerza pública considerados no máximos responsables de crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto.
En cuanto a los comparecientes de las Farc-EP no considerados máximos responsables en crímenes no amnistiables, la Sala de Reconocimiento ha remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a 144 exmiembros del antiguo Comando Conjunto Central.
La JEP también prevé que, de forma progresiva y hasta el primer semestre de 2026, se remitan 1.276 comparecientes no seleccionados como máximos responsables en el Caso 01 y se espera la remisión de comparecientes de los otros macrocasos abiertos por la sala. Estos procesos son abordados por subsalas especiales de la SDSJ y por magistradas y magistrados en movilidad de la SAI, lo que permitirá agilizar la resolución integral de la situación jurídica de los comparecientes que no tuvieron participación determinante en los patrones macrocriminales determinados por la Sala de Reconocimiento de Verdad.
Entretanto, la sentencia que la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz resolverá de manera definitiva: 1) la situación jurídica de los máximos responsables y 2) adoptará las determinaciones respectivas sobre el tratamiento que se le dará a los procesos que la jurisdicción ordinaria adelantó en su contra.
Lo anterior evidencia la aproximación estratégica a la carga de trabajo por parte de las Salas de Justicia y su compromiso con el cumplimiento de sus competencias atendiendo siempre al principio de estricta temporalidad.
Propuestas para avanzar conjuntamente con el órgano investigativo
El objetivo compartido entre ambas instituciones, actuando desde sus respectivas competencias, es dar una respuesta judicial integral a los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano. Tal propósito común ha permitido sellar una colaboración estrecha y el intercambio de valiosa información que redunda en beneficio de ese propósito común.
En diversas reuniones de articulación, se ha discutido la importancia de la depuración y consolidación de la información sobre los procesos relacionados con la competencia de la JEP, en particular aquellos que en los registros de la Fiscalía se asocian a las extintas Farc-EP. Por ello, se acordó realizar un inventario con verificación manual de sus investigaciones para identificar estructuras y hechos por los que se investiga.
Esta revisión de los datos que reposan en los sistemas de información de la Fiscalía, contrastada con los de la Jurisdicción debe continuar y permitir que se adopten estrategias de trabajo y decisiones de amplio alcance para el cierre de procesos relacionados con el conflicto armado.
Este ejercicio ha permitido identificar 141.375 procesos asociados a la presunta responsabilidad de antiguos integrantes de las Farc-EP, con 34.249 presuntos responsables individualizados de esta guerrilla y 196.768 víctimas.
La JEP aprovecha esta ocasión para proponer una ruta de trabajo que, siguiendo estas instancias de articulación ya existentes con la Fiscalía, permita profundizar la relación entre ambas entidades y apuntar a alcanzar los resultados propuestos.
Asimismo, la Jurisdicción ve necesario seguir avanzando en la construcción conjunta de una metodología para identificar procesos que deben ser priorizados para ser actualizados por parte de la Fiscalía y posteriormente ser enviados a la JEP. Por medio de esta metodología se han identificado, preliminarmente, 2.993 investigaciones activas asociadas a las extintas Farc-EP.
Al acercarse a la mitad de su mandato temporal, la JEP ha avanzado en la investigación y enjuiciamiento de los máximos responsables por los crímenes más graves y representativos del conflicto armado. También ha asegurado que el otorgamiento de los beneficios que contempla la Justicia Transicional Restaurativa.
La JEP se propone fortalecer la articulación entre ambas entidades, orientada a consolidar dos tipos de inventarios de procesos relacionados con el conflicto armado: uno, estructurado conforme a la competencia de cada macrocaso; y, otro, centrado en los comparecientes. El primero serviría como insumo para la selección de máximos y no máximos responsables, mientras que el segundo facilitaría la definición de la situación jurídica individual de los comparecientes.
Finalmente, la JEP destaca el valor y la importancia de que la Fiscalía General de la Nación mantenga su atención y realice observaciones que busquen fortalecer el inédito proceso de justicia restaurativa que la Constitución ha encomendado a la Jurisdicción Especial para la Paz.
