Tramites migratorios fraudulentos, marzo 2026.
En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Homeland Security Investigations, identificó 13 inmuebles que estarían siendo utilizados por una red transnacional dedicada a ofrecer trámites migratorios fraudulentos.
Las diligencias de registro y allanamiento se llevaron a cabo en viviendas y oficinas ubicadas en los municipios de Suárez, El Espinal e Ibagué, donde las autoridades incautaron múltiples elementos relacionados con la actividad ilegal.
Entre los hallazgos se encuentran dispositivos electrónicos como celulares, computadores portátiles y unidades de almacenamiento, así como $16.867.000 en efectivo, tarjetas bancarias, agendas y documentación vinculada con supuestos procesos migratorios. También fueron encontrados pendones, banderas y chalecos con distintivos de autoridades migratorias estadounidenses, incluyendo logos asociados a “Police ICE” y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de imágenes y altares utilizados para rituales de santería, presuntamente empleados como parte de las estrategias para generar confianza en las víctimas o prometer resultados en los procesos migratorios.
De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables de esta red residirían en Estados Unidos y, desde allí, publicaban anuncios en páginas web y redes sociales en los que ofrecían servicios para legalizar el estatus migratorio, gestionar visas, solicitar asilos políticos e incluso brindar “ayudas esotéricas” para evitar la deportación.
Las víctimas, en su mayoría ciudadanos latinoamericanos, eran contactadas y persuadidas para pagar sumas que oscilaban entre los 300 y los 10.000 dólares a cambio de estos servicios, que resultaron ser fraudulentos.
Las autoridades continúan avanzando en el proceso investigativo para identificar y judicializar a los responsables de esta estructura, así como para establecer el alcance total de las operaciones y el número de personas afectadas. Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de acudir a intermediarios no autorizados en temas migratorios y la importancia de verificar la legalidad de los servicios antes de realizar cualquier pago.
