JEP Colombia octubre 2025: medida cautelar nacional.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su compromiso con las víctimas de desaparición forzada durante la audiencia de seguimiento a la Medida Cautelar Naciona, realizada el pasado 17 de octubre en Bogotá por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV). El encuentro tuvo como propósito verificar los avances de las entidades estatales en la implementación de esta medida judicial, que busca proteger los derechos de las víctimas y fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en todo el país.
Durante la jornada, presidida por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, la JEP revisó los resultados alcanzados en cinco ejes estratégicos: la consolidación del universo de víctimas, la interoperabilidad de los sistemas de información, la toma masiva de muestras biológicas, la creación de un protocolo forense preventivo para proyectos minero-energéticos y la búsqueda de desaparecidos pertenecientes a la fuerza pública.
La audiencia rindió homenaje a Yanette Bautista, fundadora de la Fundación Nydia Érika Bautista, quien falleció en septiembre. Su legado fue recordado como símbolo de la fuerza de las mujeres buscadoras que, desde los territorios, han convertido el dolor en acción y memoria. En un acto simbólico, Luz Dary Santiesteban Díaz, mujer buscadora del Pacífico colombiano, ofreció una barca de flores en su honor, reafirmando la necesidad de mantener viva la búsqueda y la esperanza.
El magistrado Sánchez destacó que la Medida Cautelar Nacional es “un instrumento vivo que busca la protección integral de las víctimas y de quienes las buscan”, y que constituye una de las acciones más importantes de la JEP en materia de verdad, memoria y no repetición. Recordó que la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta en el país y que la obligación del Estado es garantizar verdad, justicia y reparación.
Durante el seguimiento, representantes de organizaciones de víctimas como CREDHOS y MOVICE subrayaron la urgencia de consolidar un registro único nacional de desaparecidos y fortalecer la infraestructura forense. También advirtieron sobre el riesgo que enfrentan más de 4.300 sitios de inhumación amenazados por proyectos de infraestructura o minería, solicitando la suspensión temporal de licencias en esas zonas hasta la adopción de un protocolo de protección.
Por su parte, el Instituto de Medicina Legal informó que su banco de perfiles genéticos aumentó de 10.000 a 21.000 familias, con más de 3.400 nuevos registros en los últimos dos años y medio. El Ministerio de Salud presentó los avances del plan piloto de toma masiva de muestras biológicas en Casanare, mientras que el Ministerio TIC anunció progresos en la interoperabilidad de datos mediante el sistema X-Road. El Ministerio de Minas y Energía, a su vez, informó sobre la creación de una mesa técnica nacional para definir protocolos forenses preventivos en zonas de intervención minera.
La magistrada María del Pilar Valencia García planteó la necesidad de garantizar mecanismos de sostenibilidad que eviten retrocesos en los compromisos adquiridos: “Las instituciones deben asegurar, mediante instrumentos legales, que el próximo gobierno no tenga que empezar de cero”.
Hasta la fecha, la JEP ha logrado 136 entregas dignas, la identificación de 224 cuerpos y 1.914 exhumaciones en el marco de las medidas cautelares que protegen cementerios del país. Estos avances reflejan —según la jurisdicción— el compromiso sostenido con la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas y sus familias.
Con esta audiencia, la JEP reafirma que la búsqueda de los desaparecidos no solo es una tarea forense o judicial, sino un deber moral y humanitario que sigue siendo esencial para la reconciliación y la reconstrucción del tejido social en Colombia.
