Alerta Temprana Briceño, Antioquía, noviembre 2025.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ante la intensificación de la confrontación armada que afecta al casco urbano de Briceño (Antioquia) y a los corregimientos de Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón. La entidad advierte un riesgo extremo para la población civil debido a dos disputas paralelas: una entre el Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, surgidas de una división del disidente Frente 18; y otra entre el mismo Frente 36 y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La situación podría agravarse tras la reciente salida del Frente 18 del EMBF y su adhesión al Nuevo Estado Mayor Central, estructura bajo el mando de Iván Mordisco, en un territorio clave para el control de rentas ilícitas como cultivos de uso ilícito y minería ilegal.
La alerta detalla graves consecuencias humanitarias ya en curso: diez homicidios de jóvenes entre 17 y 28 años registrados hasta septiembre; múltiples desplazamientos forzados, incluido uno masivo de 1.033 familias (2.110 personas) en octubre, luego de órdenes del Frente 36 ante la inminencia de combates. La Defensoría señala que los grupos armados ejercen una gobernanza armada que incluye panfletos con amenazas, restricciones a la movilidad, exigencia de cartas de recomendación para circular y presión directa sobre líderes comunales, quienes quedan expuestos a represalias de otros actores. También se han documentado infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como ataques contra la asistencia en salud —incluyendo la detención de una ambulancia por parte del Frente 18— y la siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados por el Frente 36, lo que representa un peligro crítico para comunidades que han intentado retornar.
Las infancias y adolescencias, que constituyen más de un tercio de la población, enfrentan un riesgo elevado de reclutamiento forzado, mientras que las mujeres están expuestas a estigmatización y violencia por parte de los grupos armados. La desescolarización y las amenazas contra docentes agravan la vulnerabilidad.
Ante este panorama, la Defensoría emitió 18 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales —entre ellas los ministerios del Interior y de Defensa, la OCCP, AICMA, UNP, Fiscalía, ICBF y la Gobernación de Antioquia— orientadas a activar una respuesta inmediata basada en derechos humanos, DIH y seguridad humana. Estas incluyen medidas para la disuasión de la violencia, atención urgente del desplazamiento masivo, protección prioritaria a niñas, niños y liderazgos sociales, y fortalecimiento del acceso a la justicia frente a los crímenes cometidos por actores armados no estatales que hoy mantienen azotado al municipio.
