Confrontación entre grupo armado Segunda Marquetalia y ELN: crisis humanitaria en Vichada, noviembre 2025.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 015 de 2025 para el departamento del Vichada, ante el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por cuenta de la confrontación armada entre los grupos Segunda Marquetalia (Frente 53 Édison Romaña) y el Ejército de Liberación Nacional (Frente José Daniel Pérez Carrero).
Según la entidad, la violencia se desató tras la ruptura de la alianza entre ambos grupos el pasado 3 de agosto, lo que ha provocado una disputa por el control de rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de oro y coltán en zonas fronterizas. Esta situación ha derivado en enfrentamientos armados, confinamientos, desplazamientos masivos y el uso de la población civil en actividades logísticas, con reportes del uso de drones con explosivos.
La ATI 015 focaliza los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, señalando puntos críticos como Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño. También alerta sobre el riesgo de involucramiento de otros grupos armados, entre ellos el Nuevo Estado Mayor Central (frente Primero), el Erpac y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), lo que podría agravar aún más la crisis humanitaria.
En cada municipio se identificaron zonas rurales e indígenas en riesgo, incluyendo comunidades del Parque Nacional El Tuparro y los resguardos Selva de Mataven y Sáliba de Santa Rosalía, entre otros.
Ante el escenario de urgencia, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno Nacional, en especial al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a ejecutar de inmediato las 18 recomendaciones emitidas. También exhortó a los ministerios de Defensa, Minas y Energía, a la Gobernación del Vichada, las alcaldías municipales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad para las Víctimas, a tomar medidas urgentes de protección.
La Defensoría subrayó la necesidad de un enfoque de seguridad humana que priorice la protección integral de comunidades étnicas, líderes sociales, firmantes de paz y, especialmente, de niñas, niños y adolescentes en el Vichada.
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