Corrupción con dineros de poblaciones vulnerables Medellín 2020: Fiscalía Colombia.
La Fiscalía General de la Nación acusó a exfuncionarias de la Alcaldía de Medellín y a un contratista por presuntas irregularidades en contratos de alimentación para población vulnerable durante la pandemia.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Martha Alexandra Ruiz Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín; Lina María Gil Zapata, exdirectora del programa Buen Comienzo; y al contratista Henry Paulisson Gómez Montoya, por presuntas irregularidades en dos contratos suscritos en 2020 para el suministro de alimentos a comunidades vulnerables.
Irregularidades en el Programa Buen Comienzo
Según la investigación, las exfuncionarias habrían permitido modificar la modalidad de selección del contrato —que debía hacerse mediante subasta inversa— por una contratación directa por prestación de servicios, eligiendo así a la corporación representada por Gómez Montoya.
La Fiscalía evidenció sobrecostos en los kits alimentarios, productos cotizados por encima del valor de mercado y pagos de honorarios por servicios no prestados. También se detectó la vinculación irregular de personal sin los requisitos técnicos necesarios.
Estas anomalías habrían permitido la apropiación ilegal de 1.423 millones de pesos en favor del contratista.
Contratos durante la urgencia manifiesta
El segundo contrato cuestionado está relacionado con la atención alimentaria de estudiantes durante la urgencia manifiesta decretada en marzo de 2020.
En este caso, la Fiscalía señaló que el contratista no contaba con la idoneidad ni los requisitos exigidos, como bodegas adecuadas para almacenar los alimentos. Se habría utilizado un inmueble sin contrato formal de arriendo o comodato.
El ente investigador también identificó sobrecostos en los paquetes alimentarios, duplicidad en pagos por logística y una apropiación ilícita adicional de 956 millones de pesos.
Delitos imputados
Por estos hechos, las exfuncionarias y el contratista fueron acusados por los delitos de:
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales,
- Peculado por apropiación agravado, y
- Interés indebido en la celebración de contratos,
de acuerdo con su presunta responsabilidad individual.
La Fiscalía subrayó que la publicación de esta información se hace por razones de interés general, al tratarse de recursos públicos destinados a la primera infancia, mujeres gestantes y estudiantes en situación de vulnerabilidad.
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