Desplazamiento forzado y confinamiento en Colombia 2025. ¿Qué piensas?
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades, ante las alarmantes cifras de desplazamiento forzado y confinamiento registradas en el país durante el primer semestre del 2025. El panorama revela una grave vulneración de los derechos humanos, así como una compleja situación humanitaria.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, 82.819 personas tuvieron que desplazarse masivamente, dejando sus bienes y territorios. Mientras tanto, 50.713 resultaron confinadas debido a combates, presencia de actores armados ilegales y, en general, por el conflicto que sufre el país.
Durante junio, 856 mujeres y hombres, principalmente de Antioquia, Chocó y Valle, se vieron obligadas a salir de sus casas, para buscar seguridad en otras zonas, donde sus vidas no corrieran peligro; sumado a esto, 14.993 personas se confinaron, siendo Guaviare, con 10.000 casos, el departamento donde más personas vieron restringido el acceso a necesidades básicas.
La Defensoría del Pueblo reitera su llamado a las instituciones del Estado, para que redoblen esfuerzos en la protección de las comunidades más vulnerables, garanticen la asistencia humanitaria y las condiciones de seguridad. Deben prevenir violaciones a los derechos humanos y atender integralmente las víctimas.
Movimientos migratorios mixtos
En el primer semestre del año, asimismo, por Colombia transitaron 84.083 personas en situación de irregularidad migratoria, la mayoría proviene de Venezuela, Ecuador y la India.
En total son 33.246 mujeres, 33.102 hombres y 17.735 niñas, niños y adolescentes que durante sus recorridos se exponen a la trata de personas, la violencia sexual, la instrumentalización de menores de edad, entre otros.
En cuanto a la migración inversa, entre el 1 de enero y el 30 de junio se tiene registro de ingreso al país de 12.347 migrantes. Esta cifra, de personas que buscan retornar a su país de origen, continua en aumento. Debido a la precariedad en la que hacen el recorrido, se enfrentan a graves riesgos que han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo.
