«Grave deterioro en DDHH» en Bajo Calima y Sur de Bolívar octubre 2025.
Durante los últimos días, la Defensoría del Pueblo ha verificado en terreno el grave deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos que enfrentan las comunidades del Bajo Calima (Valle del Cauca) y del Sur de Bolívar, en el Magdalena Medio colombiano.
La persistencia del conflicto armado, junto a una débil presencia institucional, ha provocado graves afectaciones a la población civil, confinamientos, desplazamientos masivos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Crisis prolongada en el Bajo Calima
En el Bajo Calima, la confrontación entre disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo mantiene a comunidades afrodescendientes e indígenas en un prolongado estado de confinamiento.
La comunidad de La Colonia, perteneciente al Consejo Comunitario del Bajo Calima, ha sido una de las más afectadas, con 516 familias (1.419 personas) en riesgo y graves limitaciones para acceder a alimentos, atención médica y seguridad.
La Defensoría documentó asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, violencia sexual contra mujeres y niñas, y el uso de drones para ataques indiscriminados.
Uno de los hechos más alarmantes ocurrió el 22 de septiembre, cuando integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias ingresaron armados a una institución educativa, utilizando el recinto escolar para hostigar a la Fuerza Pública.
Días después, el 29 de septiembre, el mismo grupo realizó patrullajes armados y lanzó una granada con dron cerca de instalaciones del SENA y de una escuela, dejando a dos mujeres gravemente heridas.
Pese a que la comunidad ha sido reconocida como víctima, el confinamiento persiste sin una respuesta humanitaria oportuna.
La Defensoría ha solicitado desde el 23 de septiembre a los Ministerios del Interior y de Defensa, a la Gobernación del Valle, a la Alcaldía de Buenaventura y a la Unidad para las Víctimas la activación urgente de la ruta de atención humanitaria, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.
Estos hechos ya habían sido advertidos en la Alerta Temprana 039-23 para el distrito de Buenaventura.
Violencia creciente en el Sur de Bolívar
En el Sur de Bolívar, la situación es igualmente crítica. La disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN, junto con la presencia de disidencias de las FARC, ha convertido la Serranía de San Lucas en un epicentro de violencia generalizada y desplazamientos forzados.
Durante 2025, se han registrado 27 emergencias humanitarias, con 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos, que han afectado a más de 24.000 personas en municipios como Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal del Sur y Cantagallo.
Actualmente, tres emergencias permanecen activas.
Los grupos armados han usado a la población como escudo humano, amenazado a líderes sociales y ocupado viviendas y centros educativos. El 3 de octubre, fueron secuestrados Armando Uriel Ávila Chávez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Robles, y Alberto Montero Hernández, junto a su compañera Karen Tatiana Alfonso, posteriormente liberada.
Además, se han reportado ataques con drones, minas antipersonal, destrucción de viviendas y ocupación de escuelas en varias veredas de Santa Rosa del Sur, Cantagallo y Arenal del Sur.
Llamado urgente al Estado y a los actores armados
La Defensoría del Pueblo advierte que estas acciones constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y vulneran los principios básicos de humanidad.
Aunque se ha acompañado la entrega de ayuda a más de 3.500 familias en la Serranía de San Lucas, la magnitud de la crisis supera las capacidades locales y requiere una acción integral y sostenida del Estado, con enfoque territorial y de derechos humanos.
El organismo defensor reiteró su llamado urgente al Gobierno Nacional para que refuerce la presencia institucional, garantice la protección de la vida y la integridad de las comunidades, y coordine acciones de desminado, atención educativa en emergencia y apoyo psicosocial.
Finalmente, hizo un llamado a todos los actores armados para que cesen las hostilidades, respeten la vida y la dignidad de la población civil, y se sometan a las normas que regulan los conflictos armados.
📍 Fuente: Defensoría del Pueblo de Colombia
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