junio 16, 2024

El pasado 24 de mayo se realizó la audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad en el marco de la #RutaNoSancionatoria que implementa la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para resolver la situación jurídica de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en Casanare.

A esta audiencia pública, presidida por las magistradas Sandra Castro y Heydi Baldosea, fueron convocados un cabo primero y tres soldados profesionales retirados que no han sido seleccionados como máximos responsables en la investigación de los mal llamados ‘falsos positivos’. Los militares pertenecieron al Gaula Militar Casanare y al Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno 44), unidades militares adscritas a la Brigada 16 del Ejército.

Estos comparecientes de la fuerza pública deben presentar aportes de verdad y propuestas restaurativas para las víctimas como parte de los requisitos que impone la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para evaluar si pueden resolver su situación jurídica de forma definitiva sin que se les imponga una sanción.

Los hechos en los que participaron estos comparecientes, que no han sido seleccionados como máximos responsables, corresponden al mismo patrón macrocriminal por el cual la Sala de Reconocimiento imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a más de 20 comparecientes en el Subcaso Casanare del #Caso03, quienes reconocieron su responsabilidad en la audiencia llevada a cabo en septiembre de 2023 en #Yopal.

En esta diligencia participan las víctimas con sus representantes legales. La JEP dispuso sus equipos de profesionales de apoyo psicosocial y legal, los cuales han acompañado a las víctimas y a los comparecientes en reuniones previas llevadas a cabo en Yopal de manera privada los pasados 22 y 23 de mayo.

La diligencia también cuenta con la presencia del jurista español Carlos Castresana Fernández, experto en Derecho Penal Internacional y en Derechos Humanos, quien hace una evaluación de la implementación de la #RutaNoSancionatoria por parte de la JEP en el marco de los principios de la Justicia Transicional Restaurativa y el Derecho Internacional.

Durante la apertura de la audiencia, víctimas presentes hicieron una manifestación a través de mensajes con carteles que pidieron que fueran leídos por la magistratura y por los comparecientes. Con estos mensajes, buscan ratificar sus demandas de compromiso con la verdad de quienes están sometidos a este proceso.

Para facilitar la participación simbólica del sobrino de la víctima, José Albeiro Vargas Achagua, quien tiene ocho años, su padre, Sebastián, presentó a los comparecientes una cartelera con un dibujo y un mensaje hechos por el niño para su tío asesinado.

«Tío, quisiera un día mirarte, porque nunca te miré. Aunque no te hubiera mirado, te extraño mucho», decía el mensaje de Matías, sobrino de la víctima.

La magistrada Sandra Castro se dirigió a las víctimas y sus representantes para explicar cómo la #RutaNoSancionatoria se sustenta en las imputaciones y reconocimientos de responsabilidad de los máximos responsables en ‘falsos positivos’ cometidos en Casanare entre 2005 y 2008.

«El reconocimiento de responsabilidad de quienes fueron máximos responsables en los patrones de macrocriminalidad, que van a tener una sentencia condenatoria y una sanción, es lo que posibilita que los cuatro comparecientes que están en la audiencia de hoy, y que participaron en esos mismos hechos, ingresen a la Ruta No Sancionatoria».

El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, intervino en la audiencia para hacer una detallada exposición sobre la manera en que la Jurisdicción avanza en proyectos que hacen parte del #SistemaRestaurativo en Casanare, en los cuales podrían participar los comparecientes a través de la #RutaNoSancionatoria.

El secretario Suárez presentó la gestión que la JEP está concretando a través de diferentes líneas restaurativas específicas. Este trabajo involucra las peticiones de las víctimas, las propuestas de los comparecientes y, en una tercera columna que resulta indispensable, los compromisos de las diferentes entidades del Estado y entes de gobierno nacional, regional y local que posibiliten los apoyos financieros e institucionales para realizar y sostener las acciones que hacen parte del #SistemaRestaurativo.

Ana María Salazar, investigadora del grupo interno de trabajo territorial #Casanare de la @UBPDcolombia, intervino para presentar la gestión que lleva a cabo la unidad para avanzar en el hallazgo, identificación y entrega digna de víctimas de desaparición forzada en Casanare.

«Ustedes se encuentran en una audiencia en la que tienen la obligación de decir la verdad», les dijo la magistrada Sandra Castro a los comparecientes, antes de abrir el espacio para que hagan sus intervenciones ante la magistratura y ante las víctimas.

La magistrada Castro también les explicó a las víctimas tendrán la oportunidad de hacer preguntas a lo dicho por los comparecientes y que estas preguntas deben ir orientadas a obtener mayor verdad sobre sus casos particulares.

El compareciente Jesús Antonio Zea López fue integrante del Birno 44 de la Brigada 16, desde el 11 de enero de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2008, allí se desempeñó como soldado regular durante 18 meses y, después, como soldado profesional.

Jesús Antonio Zea López, quien hizo parte del Grupo Especial ‘Atila 33’, también denominado ‘Atila 4’, aseguró que ese grupo especial nació «como resultado de un falso combate en 2006».

«La misión con la que se creó ese grupo fue generar ‘falsos positivos’, porque otra misión específica no la tenía, y nació a raíz de un ‘falso positivo'», señaló Zea López.

Sobre los traslados de las víctimas y el trato que tuvieron, Zea López indicó que se solía trasladar a las víctimas a un sitio estratégico para hacer más creíble la supuesta operación militar.

A continuación, Zea mencionó cómo fueron trasladadas algunas de las víctimas de las cuales tuvo información. Eran trasladadas en moto y otras en taxi por miembros del Ejército mediante engaños. Zea dijo que no participó en esos traslados.

Sobre el trato dado a las víctimas, Zea López dijo que nunca recibió una orden de ejercer tortura y que nunca participó en esa conducta. Sin embargo, mencionó que en el caso de la víctima Roger Acero, aunque no atestiguó que lo hubieran golpeado o maltratado físicamente, sí considera que lo mantuvieron en «condiciones infrahumanas» durante al menos dos días en contra de su voluntad y que eso se puede entender como una tortura.

Con respecto a los incentivos como permisos de salida por presentar muertes como resultados operacionales, Zea le explicó a las magistradas que nunca supo que otorgaran permisos por otros resultados. Solo daban permisos por las muertes en combate y, cuando les concedían permisos, salían todos los integrantes del grupo que participaban en la operación falsa.

«Eso desencadenó la política de que todos teníamos que participar en las acciones para poder pertenecer al grupo. Si no participaba, lo sacaban del grupo, como en una ocasión hicieron conmigo», dijo Zea.

Sobre el relacionamiento de miembros de estas unidades con grupos ilegales, Zea dijo que no tiene conocimiento de relacionamientos de ese tipo en hechos específicos, pero mencionó que, cuando entró a prestar servicio, el coronel Castañeda «sí tenía nexos con los paramilitares».

Zea relató que precisamente se presentó en el Ejército para evitar que paramilitares de San Agustín (Casanare) lo reclutaran, pero le sorprendió cuando, durante su instrucción militar, vio dentro del batallón a paramilitares de su pueblo.

Zea López pasó a relatar los hechos que atestiguó y que llevaron a la muerte a un señor identificado Goyeneche. Ante la magistratura de la JEP, el compareciente contó que la víctima fue llevada por un grupo de soldados a una maraña donde fue asesinada, luego de haber sido secuestrada.

«Ante la justicia yo mentí para hacer creer que él era bandido o un delincuente y no es así», dijo.

Sobre la víctima Ander Alfonso Sanabria Correa, quien fue asesinado el 14 de enero de 2007, en la vereda Higuaná de Aguazul, luego de relatar los hechos, Zea López expresó que «él fue presentado como un delincuente, pero realmente no es así…, él fue llevado mediante engaños. Estaba totalmente indefenso».

«Estoy profundamente arrepentido de estos hechos. Aunque no haya participado directamente, aunque no haya disparado, también soy culpable porque ayudé a entorpecer la investigación ante la justicia y aporté para que se hiciera creer que era un delincuente», dijo Zea López luchando por conservar la compostura.

Antes de terminar su intervención, el compareciente manifestó que quería referirse a otro hecho en el que tuvo participación. Narró que el 14 de enero de 2007 en la vereda Gaviotas, en Maní (Casanare), él fue quien asesinó a la víctima Yesid Fonseca.

«Yo tenía la orden de dispararle al señor Yesid Fonseca y lamentablemente eso hice… Al llegar al lugar yo accioné mi arma contra él y lo asesiné, indefenso», confesó Zea López.

El cabo primero retirado Luis Eduardo Pereira Avilés intervino para responder las preguntas de la magistratura frente a los hechos en los que estuvo involucrado junto con el soldado profesional retirado Jabier Bueno Tavima, cuando eran miembros del Gaula Militar Casanare.

Ambos comparecientes se refirieron a los hechos en los que, el 25 de julio de 2007, en la vereda San Rafael, corregimiento Morichales de Yopal (Casanare), atentaron contra las vidas de Jacobo Rivera Gómez y Emilce Gaucha Romero, quienes sobrevivieron.

Quiero dejar constancia de que el señor Jacobo Rivera no pertenecía ni perteneció a ningún grupo al margen de la ley. En ese momento todo lo que se hizo fue un montaje por orden del mayor Soto (Bracamonte) y del señor juez penal militar Esguerra por hacer ver ante la opinión pública que el señor Rivera pertenecía a un grupo ilegal», aseguró el compareciente Pereira Avilés.

Y agregó que se arrepiente de haber participado en el montaje regando vainillas de munición en el lugar de los hechos.

El soldado profesional retirado Daniel Viazus Castiblanco intervino para relatar cuál fue la participación que tuvo al día siguiente del atentado contra el señor Jacobo Rivera. Él fue quien se encargó de buscar al señor Rivera, quien estaba herido.

El señor Jacobo Rivera intervino para reaccionar a las declaraciones de los comparecientes de la fuerza pública en esta audiencia de la JEP.

«Derramo estas lágrimas ante la impotencia, no solo por el caso de Jacobo Rivera, sino por la familia de los ‘falsos positivos’ de Casanare. Yo gracias al Dios de los cielos estoy acá haciendo uso de este micrófono, dijo.

Pedro, el hermano de José Albeiro Vargas Achagua, asesinado y desaparecido el 8 de julio de 2007, en Maní (Casanare), intervino a nombre de toda su familia para expresar sus demandas de verdad y transmitir sus preguntas a los comparecientes presentes en esta audiencia.

«Exijo hoy en esta audiencia que digan toda la verdad. Que ante los ojos de la sociedad y el mundo entero acepten sus actos y daños causados, y limpien el buen nombre de las víctimas y sus familiares», expresó.

Pedro Vargas Achagua les preguntó a los comparecientes si tenían conocimiento de dónde ubicaron el cuerpo de José Albeiro.

«Yo lo sé porque fui quien estuve al mando de esa falsa operación. Se llevó al cementerio de Maní, Casanare. Allí se encuentra como ‘N.N'», dijo el compareciente Pereira Avilés.

La magistrada Castro le ordenó al compareciente que en menos de 3 días hábiles debe entregar esa información a la @UBPDcolombia sobre el sitio donde puede estar el cuerpo del señor Vargas Achagua.

«Quiero expresar este dolor que me ha marcado toda mi vida. Al niño que me escribió esos mensajes, quiero mostrarle aquí mi arrepentimiento. Soy culpable de haberle quitado esa ilusión de conocer a su tío (…). Me siento la persona más cobarde por cumplir una orden», dijo el compareciente Pereira Avilés.

La audiencia pública continuó con la intervención de varios familiares de las víctimas que manifestaron sus preguntas a los comparecientes. Madres y hermanos que les pidieron más detalles a los comparecientes sobre cómo y por qué fueron asesinados y desaparecidos sus seres queridos para hacerlos pasar como supuestas bajas en combate.

Sobre el asesinato del señor Ananías Barón, el compareciente Jabier Bueno Tavima dijo que quien finalmente lo asesinó fue el soldado Malpica, quien iba como conductor, «porque ya estábamos cansados de eso. Estábamos cansados de esas prácticas ya. No queríamos hacerlo más», dijo.

La hermana de Ananías, Consuelo Barón Rodríguez, intervino para decirles a los comparecientes: «No solo se llevaron a mi hermano. Mi mamá murió de un cáncer de estómago a los seis meses, mencionando el nombre de su hijo (…). Era un gran hombre, un gran hermano, era mi apoyo», dijo en medio del llanto.

La señora Barón le pidió al compareciente Bueno Tavima que le aclarara cuántos soldados dispararon contra él. Tavima le reiteró que solamente el soldado Malpica disparó contra su hermano.

En el tramo final de la audiencia pública, otro grupo de familiares de víctimas tuvieron la oportunidad de intervenir y hacer preguntas a los comparecientes. Esperan encontrar respuestas, como ha ocurrido a lo largo de esta audiencia en Yopal, que les permitan esclarecer los hechos en los cuales fueron asesinados y desaparecidos sus familiares.

En una gestión restaurativa de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se ordenó a la Registraduría que registrara a la hija de una de las víctimas con los respectivos apellidos de su padre, luego de que se identificara su relación familiar de manera póstuma.

Esta decisión le permitió a la JEP acreditar a la hija póstuma como víctima. Los folios los recibió Yeison Alfredo Achagua durante la diligencia.

Luego de unas palabras de la magistrada Heydi Baldosea sobre el enfoque restaurativo que aplica la JEP se dio cierre a la audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad en el marco de la #RutaNoSancionatoria. Por esta vía, que implementa la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se busca resolver la situación jurídica de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables en crímenes como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en Casanare.

Fuente: https://x.com/jep_colombia/status/1794160495726821454?s=46&t=ESN6s7j6bKAD4YQbofD48g

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