La Defensoría del Pueblo de Colombia, en el marco de la audiencia bilateral con el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, presentó un balance detallado sobre la situación migratoria en el país, con énfasis en la población venezolana en tránsito, la situación en la frontera colombo-panameña, y las deportaciones desde Estados Unidos, así como una serie de recomendaciones a los Estados para la protección de los derechos.
De acuerdo con el monitoreo realizado por la entidad, en 2024 se registró un total de 400.612 personas migrantes cruzando por la región del Urabá Darién. La mayoría provienen de Venezuela (302.185), seguidos de Ecuador (22.785), Colombia (17.529), Haití (17.329), China (12.214) e India (6.927). De este total, 126.151 son mujeres, 195.369 hombres y 72.092 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
La Defensoría alertó sobre la especial vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes, quienes enfrentan altos riesgos de violencia sexual y de género. Además, se evidenciaron deficiencias en los mecanismos para verificar el parentesco de menores con adultos acompañantes, aumentando el peligrobde trata de personas y explotación.
Asimismo, la entidad señaló la devolución de migrantes por parte del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT), lo que ha obligado a muchas personas a utilizar rutas más peligrosas. A esto se suma la reciente expedición del Decreto 194 de 2024 en Panamá, que impone sanciones a quienes ingresen irregularmente desde Colombia, lo que podría agravar la crisis humanitaria en la frontera.
En cuanto a la población migrante venezolana, Colombia continúa siendo el mayor país receptor, con 2.808.165 personas registradas. De ellas, 1.979.452 cuentan con Permiso por Protección Temporal (PPT). La Defensoría del Pueblo mantiene un monitoreo del flujo migratorio en la frontera con Venezuela. Desde el 1 de enero hasta el 15 del mismo mes, se registró una cifra total de 6.921 personas en tránsito, de los cuales 5.851 son de nacionalidad venezolana.
En comparación con el mismo periodo de 2024, se evidencia una disminución del 30%, lo que representa 2.553 personas. Sin embargo, la Defensoría advirtió sobre la necesidad de mayor cooperación internacional para atender las causas estructurales de la migración forzada.
Por otro lado, la entidad expresó su preocupación por las deportaciones masivas desde Estados Unidos, en el marco de nuevas órdenes ejecutivas de la actual presidencia de ese país. En estos procesos, se han documentado casos de maltrato, abuso sexual, requisas inapropiadas, despojo de pertenencias y condiciones indignas en los centros de detención.