Se mantienen los beneficios económicos del programa de reincorporación
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que los beneficios económicos destinados a las personas en proceso de reincorporación se mantendrán, aunque con algunos ajustes en las condiciones de acceso. La medida busca priorizar los recursos para quienes no cuentan con ingresos formales o tienen ingresos inferiores a un salario mínimo legal vigente.
Según la entidad, se modificarán las resoluciones 2319 de 2024 y 1797 de 2023, normas que regulan las condiciones de acceso a la asignación mensual y al apoyo económico de alimentación dentro del proceso de reincorporación de excombatientes.
Con la actualización, la asignación mensual equivalente al 90 % del salario mínimo legal vigente continuará vigente, junto con el apoyo económico de alimentación de $427.723 mensuales y un adicional de $86.994 por cada hijo menor de 12 años. No obstante, estos beneficios estarán dirigidos exclusivamente a quienes no tengan ingresos formales o cuyos ingresos sean inferiores a un salario mínimo.
La ARN aclaró que esta decisión no implica la eliminación de los apoyos económicos, sino un proceso de focalización para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente dependen de este sostenimiento durante su proceso de reincorporación.
De acuerdo con la entidad, el ajuste permitirá mantener los beneficios para cerca del 80 % de la población activa en el proceso de reincorporación, que durante 2026 no registra ingresos formales.
Asimismo, la ARN recordó que la renta básica contemplada en el Acuerdo Final de Paz de 2016 fue diseñada inicialmente para un periodo de 24 meses. Posteriormente, ante los avances limitados en la implementación del acuerdo, el Gobierno nacional reglamentó la creación de la asignación mensual equivalente al 90 % del salario mínimo como una medida adicional de apoyo.
En este contexto, la entidad explicó que el ajuste actual no representa un incumplimiento del Acuerdo de Paz, sino una medida de racionalización del beneficio creado posteriormente mediante reglamentación.
La decisión también responde a la actual crisis fiscal del país y a la necesidad de garantizar una distribución responsable de los recursos públicos. Tras un cruce de bases de datos con los regímenes contributivos, la ARN identificó que aproximadamente 2.600 personas en proceso de reincorporación cuentan con ingresos formales, de las cuales 1.900 reciben ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos.
La ARN precisó que el cambio en los apoyos económicos no afecta los demás derechos ni el acompañamiento institucional para los firmantes de paz que actualmente tienen ingresos formales. Estas personas continuarán vinculadas al Programa de Reincorporación Integral, accediendo a las acciones necesarias para fortalecer su arraigo y su proyecto de vida en la legalidad.
Además, quienes hagan parte del 20 % de beneficiarios que dejarán de recibir el apoyo por contar con ingresos formales podrán volver a solicitar los beneficios en caso de perder su empleo, siguiendo los procedimientos establecidos.
Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con el acompañamiento a las personas en proceso de reincorporación y reiteró que la política social del Estado debe priorizar a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, bajo criterios de equidad, sostenibilidad y justicia social.
