Colombia desarticula red de contrabando y lavado con cadena de ropa.

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Operativo en Colombia contra red de contrabando y lavado de activos con cadena comercial de ropa

Autoridades identificaron un conglomerado empresarial que habría utilizado tiendas de ropa para ingresar mercancía ilegal y lavar dinero.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció en abril de 2026 el desmantelamiento de una red de contrabando y lavado de activos que operaba a través de una cadena de venta de ropa femenina. La investigación, liderada por la Delegada contra las Finanzas Criminales en articulación con el CTI, permitió identificar un entramado empresarial que habría facilitado el ingreso de recursos ilícitos al país.

De acuerdo con las autoridades, la organización habría estructurado un sistema compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaban mercancías como prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Estos productos eran distribuidos en el mercado nacional con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Las maniobras detectadas incluían la fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y evasión de controles aduaneros, lo que dificultaba la trazabilidad del dinero. Según la Fiscalía, estas prácticas permitieron incorporar recursos ilícitos al sistema económico formal de manera sistemática.

La investigación documentó delitos como lavado de activos por cerca de 730.000 millones de pesos y enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones. Además, se reportaron decomisos de mercancía por más de 54.000 millones de pesos y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones.

En el marco del proceso judicial, un juez de control de garantías de Bogotá emitió órdenes de captura contra los presuntos responsables, mientras que se impusieron medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Las diligencias se realizaron en 59 municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional.

Los bienes afectados permanecerán en funcionamiento mientras avanza el proceso de extinción de dominio, en una acción que busca debilitar las finanzas de estructuras criminales dedicadas al contrabando y lavado de activos en Colombia.

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