Colombia incauta 243 bienes de “Mario Bros” del Clan del Golfo

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Bienes incautados en Colombia a alias Mario Bros del Clan del Golfo por extinción de dominio

Las autoridades identificaron propiedades y activos avaluados en más de 76.000 millones de pesos vinculados a narcotráfico y delitos conexos.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció en abril de 2026 la imposición de medidas de extinción de dominio sobre 243 bienes vinculados a Mario Élber Garzón Escobar, alias “Mario Bros”, señalado como articulador de las actividades de narcotráfico del ‘Clan del Golfo’. La acción se realizó en distintas zonas de Cundinamarca y Meta, con el objetivo de afectar las finanzas de estructuras criminales.

De acuerdo con la investigación liderada por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional, los bienes identificados incluyen 207 predios rurales, 15 inmuebles urbanos, 10 vehículos, 2 sociedades, un establecimiento de comercio y otras ocho propiedades. Estos activos están ubicados en municipios como Chía, La Vega y Puerto Salgar (Cundinamarca), así como en Puerto López y Puerto Gaitán (Meta).

Las autoridades indicaron que Garzón Escobar habría administrado durante más de una década recursos provenientes del envío de cocaína a mercados internacionales, además de actividades como homicidios, extorsión y tráfico de armas. Según las pesquisas, el señalado habría utilizado terceros y mezclado capitales ilícitos con legales para ocultar el origen de los recursos.

Este esquema permitió, según la Fiscalía, consolidar una estructura orientada a proteger el patrimonio ilícito del ‘Clan del Golfo’, dificultar su rastreo y evadir la acción de las autoridades. Las investigaciones hacen parte de la estrategia estatal para debilitar las finanzas de organizaciones criminales en Colombia.

Los bienes, avaluados en más de 76.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Estas acciones buscan impedir su comercialización y avanzar en su eventual incorporación al Estado, como parte de la lucha contra el crimen organizado.

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