Mediante el Acuerdo 001 de 2025, suscrito este miércoles en las instalaciones de la Jurisdicción, se estableció la ruta de coordinación interinstitucional para las sentencias que emita la JEP. Este Acuerdo define de manera clara los compromisos institucionales concretos para la implementación efectiva de los proyectos restaurativos que permitirán la materialización de las sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación impuestas por la JEP. Esto permitirá el despliegue de acciones orientadas a restaurar el daño causado a las víctimas, comunidades y territorios afectados por el conflicto armado.
Este Acuerdo se firmó en el marco de lo que se conoce como la Instancia de Articulación, creada hace dos años, en la cual participan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las entidades de Gobierno definidas por el Plan Nacional de Desarrollo y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Esta Instancia tiene como objetivo avanzar en la definición de las condiciones que permitirán la imposición de las sanciones propias que deberán cumplir los máximos responsables que aporten verdad plena y reconozcan responsabilidad, así como de otras medidas de contribución que faciliten el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los comparecientes de las extintas Farc-EP y de miembros de la fuerza pública ante la Jurisdicción.
La ruta planteada por este Acuerdo tiene como finalidad facilitar la concreción de iniciativas con vocación restaurativa a través de proyectos específicos. Para ello, las entidades que conforman la Instancia de Articulación ofrecerán y adecuarán planes, programas y proyectos, además de garantizar las condiciones institucionales necesarias para la implementación de las sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación definidas por la JEP, respetando su autonomía judicial. Al mismo tiempo, permitirá que la compatibilidad entre las sanciones propias y las políticas públicas del Estado. De esta manera, se orientará la construcción de Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR), a los cuales se vincularán los comparecientes de la JEP. De esta manera, se orientará la incorporación de los componentes restaurativo y de restricción efectiva de derechos y libertades a los proyectos en acompañamiento que respaldarán la sanción propia impuesta a los máximos responsables que hayan aceptado responsabilidad y hayan aportado verdad.
El acuerdo fue suscrito por todas las entidades que conforman la Instancia de Articulación. Durante la firma del acuerdo, que crea la ruta, estuvieron presentes el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez; por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, Diana Carolina Flórez Bayona directora de Justicia Transicional, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, quien preside la Instancia de Articulación. Todas las partes trabajaron articuladamente en la construcción de esta hoja de ruta.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, mencionó que: «Es un día muy importante para el país ya que el Estado colombiano está dando respuesta a las víctimas del conflicto armado. Este acuerdo de ruta de coordinación con la JEP es un gran paso hacia el fortalecimiento de la justicia transicional y un mensaje claro de compromiso de fortalecimiento de la implementación del Acuerdo de Paz».
Por su parte, Gloria Cuartas, quien funge como presidenta de la Instancia de Articulación, y es la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y encargada de la Unidad para las Víctimas, también se dirigió a los asistentes. “Hemos hecho un proceso dialógico con la JEP y las distintas entidades de gobierno desarrollando los artículos 204 y 205 del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy le presentamos al país y a la comunidad internacional un avance sustancial, siendo una hoja de ruta para transitar por el difícil camino de la implementación del Acuerdo de Paz y de las sanciones propias”, expresó.
Contar con directrices claras sobre este proceso es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas, brindar seguridad jurídica a los comparecientes y terminar de consolidar el enfoque restaurativo de la justicia transicional, orientado a restituir los derechos vulnerados, contribuir a las garantías de no repetición y allanar el camino hacia la paz. Por ello, y como resultado del trabajo adelantado por la Instancia de Articulación, se definió la necesidad de una ruta que materializa acciones que ayuden a desmantelar las causas estructurales de la violencia y fortalezcan la construcción de una paz sostenible en los territorios.
La ruta funcionará en tres fases: identificación, impulso y materialización. En la fase de identificación se recopilarán y registrarán planes, programas y proyectos con vocación restaurativa, promovidos tanto por la JEP como por el Gobierno Nacional. La fase de impulso contempla la adecuación técnica y financiera de las iniciativas, asegurando su viabilidad y su compatibilidad con las decisiones de la Jurisdicción y la oferta institucional del Estado. Finalmente, en la fase de materialización, se ejecutarán ya sean las sanciones propias o las medidas de reparación, conforme a la normativa vigente y según las órdenes emitidas por la magistratura.
La Instancia de Articulación interinstitucional, en coordinación con la JEP, realizará mesas periódicas con las entidades relacionadas con los proyectos para dar seguimiento a su implementación y promover la colaboración con otros actores necesarios. Esta ruta contará con el apoyo transversal de diversas entidades del Gobierno Nacional, que proporcionarán asistencia técnica en cada fase de la articulación. Entre las instituciones involucradas se encuentran: la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), el Ministerio de Justicia y del Derecho (como Secretaría Técnica), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
De este modo, las entidades que conforman la Instancia de Articulación cumplirán con su responsabilidad de ofrecer y adecuar planes, programas y proyectos restaurativos y garantizar su seguimiento. Este compromiso está alineado con lo establecido en el artículo I del acto legislativo 02 de 2017 y la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, que subraya la obligación de las entidades del Estado de cumplir de buena fe con el Acuerdo Final de Paz. Además, por esta vía el Gobierno promueve medidas que facilitan la reparación de las víctimas, conforme a la Ley 1957 de 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, garantizando la implementación de sanciones propias y medidas de contribución a la reparación ordenadas por la JEP.
Proyectos restaurativos y sanciones
Al emitir sentencias con sanciones propias o resoluciones que contemplen medidas de contribución a la reparación, la magistratura seleccionará proyectos que, al menos, cuenten con los estudios legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales necesarios para garantizar su viabilidad y sostenibilidad. En este sentido, si un proyecto proveniente de la oferta pública, privada o de cooperación resulta de interés para los despachos judiciales, pero requiere ajustes para asegurar su enfoque restaurativo, esto no impedirá la emisión de la sentencia o resolución.
Dentro de sus competencias constitucionales y legales, los magistrados podrán emitir todas las órdenes necesarias durante el proceso judicial para identificar, impulsar, estructurar, imponer y ejecutar las sanciones propias y las medidas de contribución a la reparación. El componente restaurativo y el componente de restricción de derechos y libertades son elementos innovadores que responden a la Justicia Transicional, Restaurativa que aplica la JEP.
El primer memorando
Uno de los resultados del trabajo conjunto de la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la JEP fue la firma del primer Memorando de Entendimiento, el pasado 22 de abril. Con este acuerdo, se activó la subcuenta ‘Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN’ del Fondo Colombia en Paz, con un presupuesto inicial de 50 mil millones de pesos.
Estos recursos financiarán las primeras sanciones propias que imponga el Tribunal para la Paz, es decir, aquellas que correspondan a comparecientes actualmente en etapa de juicio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad: el Caso 01, relacionado con secuestros, y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
