Asi se llevó a cabo la segunda jornada de audiencia de aporte a la verdad en la que se activa la Ruta No Sancionatoria de la JEP con comparecientes de la fuerza pública involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Cauca.
En esta diligencia, que se desarrolla en las instalaciones de la JEP en Bogotá, intervienen 15 comparecientes para aportar verdad sobre los asesinatos de Luis Carlos López Hurtado, Carlos Alberto Satizábal Porras y Éder Obando Mestizo, cometidos el 24 de agosto de 2007 en la vereda El Clarete, cerca de Totoró, en zona rural de Popayán, Cauca, cuando hicieron parte del Batallón de Infantería No. 7 ‘General José Hilario López’.
En el primer día de audiencia, presidida por el magistrado José Miller Hormiga, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, intervinieron los primeros seis comparecientes y entregaron información sobre los roles que tuvieron en la planeación y ejecución del crimen en el que hicieron pasar a las víctimas como supuestos guerrilleros.
La #RutaNoSancionatoria es el mecanismo de la JEP que les permitirá a estos comparecientes resolver su situación jurídica de forma definitiva sin que reciban una sanción, solo si garantizan los derechos de las víctimas. Para ello deben cumplir con una serie de exigencias que analiza la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a partir de un régimen de condiciones estricto.
Para resolver su situación jurídica sin una sanción los comparecientes deben aportar una verdad que satisfaga las demandas de las víctimas, reconocer su responsabilidad por los hechos en los que participaron y contribuir con acciones restaurativas que conlleven a enmendar el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas con sus actuaciones u omisiones.
El magistrado Hormiga les dio la bienvenida a las familias de las víctimas, sus representantes, a los comparecientes y demás intervinientes en la diligencia. Luego, inició la ronda de aportes de verdad por parte de quienes participaron en este hecho. El primer compareciente en intervenir fue Alfonso Javier Erazo, quien ejerció como soldado en las filas del Ejército.
Erazo reconoció que, antes de trasladarse al lugar donde iban a ser asesinadas estas personas, quienes integraban el pelotón ‘Batalla I’ sabían que se iba a cometer ese crimen, que se trataba de una falsa operación. Sin embargo, manifestó que la información que le dieron sus superiores en ese momento fue que se trataba de unos delincuentes.
“Estaba comenzando a lloviznar, no se podía ver a la persona claramente, pero sí se veía la silueta. Yo apunté mi arma de dotación a una de ellas y disparé”, admitió el compareciente, quien confirmó que los soldados que dispararon hacían parte de la Sección de Inteligencia del batallón.
El magistrado Hormiga le preguntó al compareciente Erazo si tenía claro que, independientemente de la presunta condición de la persona contra la que iban a actuar, si estaba desarmada y si el hecho no ocurrió en medio de un enfrentamiento, se configura un delito. El compareciente respondió:
“Yo soy consciente de que ningún ser humano tiene la potestad de quitarle la vida a otro ser humano, por eso mi arrepentimiento ha sido constante. El arrepentimiento es a diario y reconozco que cometí un error”, dijo Erazo.
El segundo compareciente en intervenir en la audiencia fue Otoniel Rivera Rentería, quien fue uno de los soldados que les disparó a Luis Carlos López Hurtado, Carlos Alberto Satizábal Porras y Éder Obando Mestizo. Rivera confirmó que el informante del Ejército, el desmovilizado del ELN conocido como ‘Dieciocho’, fue la persona que llevó a las víctimas al lugar donde fueron asesinadas, les dios unos camuflados para que se los pusieran y luego les dijo que pronto regresaría.
Rivera contó al magistrado Hormiga que el informante “salió con una linterna, nosotros esperamos. Cuando salió, lamentablemente, dimos de baja a las tres personas”. El compareciente agregó que, tiempo después, cuando la Fiscalía comenzó a investigar el caso, “nos dimos cuenta de que no eran guerrilleros, que no tenían ningún antecedente. Soy consciente de que no le tenemos que quitar la vida a nadie”, expresó.
La diligencia continuó con las intervenciones de otros comparecientes, como Saúl Esteban Vallejo y Fidel Antonio González Mina, quienes manifestaron que en su rol como soldados hicieron parte del pelotón que se trasladó al lugar donde se haría el ‘falso positivo’ y mantuvieron la mentira de lo que había ocurrido cuando fueron llamados a declarar.
El magistrado les dio la palabra a los abogados de los comparecientes para que presentaran a las víctimas y a la magistratura sus propuestas de acciones restaurativas. El abogado Pedro Steve Páez, en representación de todos los apoderados de los comparecientes, manifestó que proponen una mesa conjunta con representantes de víctimas para diseñar las dos propuestas que tienen contempladas. Una de estas propuestas consiste en apoyar en la logística de los actos de entrega digna de cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
La otra propuesta, según el abogado Páez, está relacionada con acciones de asistencia con la población habitante de calle, teniendo en cuenta que las víctimas hacían parte de esta población.
“Se puede hacer un acto simbólico con las personas que pertenezcan a esta fundación y se pueden hacer acercamientos con autoridades locales para llegar un poco más a esta población”, expresó.