La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos integrantes del Bloque Caribe (BCAR) de las extintas Farc-EP por secuestros cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. Los frentes de esta estructura se ubicaron en dos subregiones del norte del país: en primer lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que tiene frontera con Venezuela, y, en segundo lugar, los Montes de María y La Mojana.
Los imputados en el marco del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de la antigua guerrilla, son: Abelardo Colorado, conocido en las extintas Farc-EP como ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, llamado en la guerrilla ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, conocido como ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras Solórzano, quien se hacía llamar ‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’; y Uriel Oviedo, conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.
Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad ante la justicia por el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual. También se les atribuye el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes en medio de los secuestros como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
Para imputar a los máximos responsables de los secuestros y otros crímenes en el marco del cautiverio en el Caribe colombiano, la Sala de Reconocimiento de Verdad realizó una minuciosa contrastación. Este proceso incluyó el análisis de informes de la Fiscalía, de las víctimas y de organizaciones civiles.
Además, se examinaron las versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta estructura de las extintas Farc-EP, así como las observaciones que realizaron 56 víctimas sobre las versiones de los excombatientes ante la JEP y sobre el auto No. 19 de 2021, en el que se imputó a siete antiguos integrantes del secretariado por secuestro.
Esa contrastación permitió identificar que estos comparecientes de las Farc-EP ejercieron liderazgo y mando sobre las decisiones del Bloque Caribe y de sus frentes, columnas y compañías. Es decir, fueron determinantes a la hora de materializar la política de privaciones de la libertad que desplegó el Secretariado de las extintas Farc-EP en esa zona del país.
Es decir, los excombatientes imputados tenían control sobre su tropa y la potestad de imponer disciplina a sus subalternos. Por ello, la Sala de Reconocimiento de Verdad los halló responsables tanto por haber dado las órdenes que llevaron a la comisión de secuestros y asesinatos, así como por no controlar a la tropa cuando maltrató a quienes estuvieron en cautiverio.
Con base en cientos de secuestros individuales y colectivos documentados en la investigación, y que fueron representativos del accionar de la antigua guerrilla en esa región, la magistratura determinó que el Bloque Caribe privó de la libertad a sus víctimas siguiendo tres patrones: para financiar su organización armada, para ejercer control social y territorial, y para promover intercambios por guerrilleros presos.
El Bloque Caribe fue una de las estructuras de las antiguas Farc-EP que más secuestros perpetró con fines extorsivos. Es responsable del 15% de los casos cometidos por la antigua
guerrilla en todo el país. Privaron de la libertad en casas, fincas, en ataques a municipios, pero sobre todo en retenes ilegales o «pescas milagrosas” en las vías del Caribe colombiano.
La mayoría de las víctimas no tenía cómo pagar lo que pedía la antigua guerrilla, así que terminaron negociando su libertad por montos de entre uno y cinco millones de pesos.
La sala encontró además que el sector más afectado por los secuestros extorsivos fue el ganadero, por ser uno de los más representativos de la región. Este gremio fue estigmatizado, pues en muchas ocasiones la antigua guerrilla los consideraba “aliados del paramilitarismo”, sobre todo cuando se negaban a pagar las extorsiones. Como resultado, muchos de ellos fueron víctimas no solo de secuestros, sino también de asesinatos, robo de ganado y desapariciones forzadas.
Asimismo, los excombatientes de este bloque también instalaron retenes para lograr control social y territorial. Fue así como privaron de la libertad y asesinaron a la exministra de Cultura Consuelo ‘La Cacica’ Araújo, en 2001.
A abril de 2025, un total de 4.213 víctimas se han acreditado para participar en el proceso del Caso 01 de la JEP. De ellas, 827 señalan al Bloque Caribe como presunto responsable de su secuestro y otros crímenes cometidos en medio del cautiverio. De este grupo, 432 son víctimas directas, 364 son familiares y allegados, y 19 son familiares de personas asesinadas o desaparecidas tras haber sido secuestradas.
De las personas privadas de la libertad, 331 son hombres y 101 mujeres, lo que indica que la mayoría —es decir, el 76.6% de las víctimas directas— son hombres, aunque también hay casos e secuestros a menores de edad, mujeres y adultos mayores, que fueron particularmente vulnerables en el contexto del cautiverio. En cuanto a los 364 familiares acreditados, 162 son hombres y 202 mujeres.
Por los secuestros perpetrados a nivel nacional, los exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP ya fueron imputados como máximos responsables de la política de secuestro. Como parte del proceso, en junio de 2022, los siete comparecientes aceptaron públicamente su responsabilidad. Hoy, sus casos se encuentran en etapa de juicio ante el Tribunal de Paz, que prepara la sentencia y las sanciones que deberán cumplir.
En cuanto a lo regional, la Sala de Reconocimiento de Verdad también imputó a 10 exintegrantes del Comando Conjunto Central, que operaron en Tolima, Quindío y norte de Huila, y a ocho del Bloque Occidental, que hicieron presencia en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Ellos ya reconocieron por escrito y en audiencia pública su responsabilidad.
Asimismo, fueron imputados siete exintegrantes del Bloque Noroccidental, que operaron en Antioquia, norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Estos comparecientes también aceptaron por escrito los crímenes que les fueron atribuidos y se preparan para hacerlo en diligencia pública frente a la justicia, las víctimas y el país.
Con estas imputaciones, tanto a nivel nacional como regional, la Sala de Reconocimiento de Verdad esclarece las particularidades de los secuestros perpetrados por las Farc-EP, considerando el territorio donde se cometieron y los daños causados. Es decir, atiende las demandas puntuales de verdad y reconocimiento de las víctimas que participan en el proceso. Así, cumple con el mandato de aportar a la construcción de la verdad judicial sobre el conflicto armado y a la memoria histórica del país.
Esta imputación a los exmandos medios del Bloque Caribe se da en el marco de la investigación del Caso 01 de la JEP, liderado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.