El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido acudir a la consulta popular como alternativa para impulsar la reforma laboral tras su hundimiento en el Congreso. Aunque este mecanismo de participación ciudadana está contemplado en la Constitución, su aplicación en este contexto plantea interrogantes sobre su viabilidad, sus límites y su impacto político.
De acuerdo con la hoja de ruta elaborada por constitucionalistas, la consulta popular tiene restricciones claras. No puede modificar la Constitución, desconocer derechos fundamentales ni abordar directamente proyectos de ley en su articulado. Además, su validez no puede ser cuestionada mediante acción de tutela ni estar sujeta a un control previo de la Corte Constitucional.
A pesar de estas limitaciones, el Gobierno busca utilizar este mecanismo para legitimar decisiones que el Congreso ha bloqueado.
El alcance de la consulta también ha sido definido: se trata de una herramienta mediante la cual el presidente somete a consideración del pueblo una pregunta general sobre un tema de gran trascendencia. Si la respuesta es afirmativa, las instituciones correspondientes deberán materializar la decisión.
En este caso, si el Congreso no legisla en el tiempo estipulado, el presidente tendrá la facultad de adoptar la reforma mediante decreto con fuerza de ley.
Este punto es clave, ya que refuerza la percepción de que el Ejecutivo está utilizando la consulta popular no solo como un mecanismo de participación, sino también como una vía para sortear la falta de apoyo en el Legislativo.
Aunque la consulta es un derecho democrático, no debería convertirse en una herramienta para imponer reformas que no han logrado consenso en los espacios de deliberación institucional.
Asimismo, la consulta enfrenta retos logísticos y políticos. Para su convocatoria, debe contar con el visto bueno del Senado, lo que podría derivar en una nueva confrontación entre el Gobierno y la oposición.
Además, una vez aprobada, la votación debe realizarse en un plazo máximo de cuatro meses, lo que supone un desafío en términos de organización y movilización del electorado.
Más allá de la estrategia gubernamental, la consulta abre un debate de fondo sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si bien el Gobierno argumenta que la falta de avances en sus reformas se debe a bloqueos en el Congreso, también es cierto que una democracia representativa exige consensos y no solo la imposición de medidas por vías excepcionales.
El presidente Petro ha defendido la consulta como una forma de devolverle el poder al pueblo, pero el éxito de esta iniciativa dependerá de la confianza ciudadana en el proceso y de su real capacidad para generar cambios efectivos sin vulnerar el equilibrio de poderes.
En este escenario, la pregunta clave es si esta consulta será un verdadero ejercicio democrático o una estrategia para avanzar en reformas que no han logrado pasar por el Congreso.