El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos continúa generando intensos debates en el ámbito judicial. La reciente decisión de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá de permitir que el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra declare de manera virtual ha desatado una fuerte reacción por parte de la defensa del exmandatario.
El argumento central de la jueza radica en un fallo de la Corte Constitucional, el cual establece que las amenazas a la seguridad de un testigo constituyen una razón de peso para permitir su declaración remota. Sin embargo, la defensa de Uribe cuestiona la imparcialidad de esta decisión, alegando que en otros casos la jueza se ha opuesto al traslado virtual de testigos.
La controversia se avivó aún más cuando la jueza comparó la situación de seguridad del excomandante paramilitar con la del expresidente Uribe, quien también ha manifestado razones similares para no comparecer de manera presencial.
En medio de este tenso debate, la Fiscalía presentó otro testimonio clave en el proceso: el de Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, quien ha señalado que el abogado Diego Cadena le entregó dinero en circunstancias que han sido objeto de investigación. Aunque la defensa de Uribe sostiene que se trató de un gesto humanitario ante la difícil situación familiar del testigo, la Fiscalía insiste en que estos hechos podrían probar la manipulación de testigos.
Más allá de los argumentos jurídicos, este episodio pone en evidencia la complejidad del caso y la polarización que genera. La decisión de permitir declaraciones virtuales en función de riesgos de seguridad abre un debate más amplio sobre la equidad en la administración de justicia y los criterios con los que se toman estas determinaciones. La resolución de este conflicto tendrá implicaciones importantes en la percepción de la independencia judicial y el desarrollo del proceso.
El recurso de queja presentado por la defensa de Uribe será evaluado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que deberá definir si la decisión de la jueza se ajusta a derecho o si, por el contrario, requiere una revisión. En cualquier caso, el juicio sigue su curso en medio de un clima de tensiones políticas y jurídicas que reflejan la complejidad del caso.